Bien por sentencias favorables -total o parcialmente- al trabajador reclamante, bien por acuerdo entre las partes, las empresas burgalesas tuvieron que desembolsar 5,1 millones de euros para cubrir los despidos de trabajadores que acabaron en los tres juzgados de lo Social (uno de ellos reforzado con dos juezas) durante el pasado año. Es más, la indemnización media por fallo judicial en la provincia fue de 15.353 euros, la segunda más alta de España, solo por debajo de los 17.097 euros que se abonaron en Álava.

El pasado ejercicio, según el balance facilitado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se tramitaron por la vía judicial 549 despidos relativos a 414 trabajadores, más el 60% de los cuales terminaron ante el juez con un fallo judicial y el 40% restante con el acuerdo con avenencia entre las partes previo a la celebración del juicio.

Acabar ante el juez le salió más beneficioso al demandante, pues cobró los 15.353 euros de media mencionados frente a los 10.433 percibidos si hubo un acuerdo previo.

«A diferencia de otras provincias o comunidades autónomas, en Burgos está funcionando muy bien la conciliación, un requisito obligatorio ante la Oficina Territorial de Trabajo y cuyos plazos de resolución son muy cortos. Su agilidad ha resuelto muchos despidos y ha facilitado a muchos trabajadores acceder a la prestación por desempleo sin contratiempos», explica Gabriel Palacios, abogado y economista del despacho Gamonal Abogados. 

También abundan los acuerdos a las puertas de los juzgados, ante un letrado de la Administración de Justicia, lo que está descargando de trabajo a los jueces en este campo. 

Dicho esto, los conflictos por despido que acabaron en tribunales descendieron el pasado año con respecto a 2022, que con 771 despidos, fue el más conflictivo de la última década. A nivel nacional, los ceses de contratos juzgados suponen 725 millones de euros a la empresa española.

Entre finales de 2022 y principios de 2023 se produjo un ajuste de las plantillas vía despido tras lo ocurrido en la pandemia. Hubo empresas que ampliaron actividad y contrataron y otras que se vieron obligadas a replegarse y reducir plantilla.

Los primeros meses de 2024 han sido de relativa normalidad en este ámbito de las relaciones laborales. Hay despidos, principalmente, entre trabajadores que llevan poco tiempo en la empresa o mucho, menos en la etapa intermedia. «Los despidos de trabajadores con mucha vida laboral -de más de 55 años- suelen producirse en grandes empresas que buscan amortizar puestos de trabajo.Suelen ser trabajadores poco cualificados, pero con sueldos altos. Compensa alcanzar un acuerdo, indemnizar al despedido y contratar jóvenes con sueldos mucho menores». 

Lógicamente, el despido individual es la fórmula más recurrida frente a los expedientes de regulación de empleo (ERE), los despidos colectivos, en los que media una negociación con los representantes de los trabajadores. 

Otros asuntos. Sin olvidar la resaca y los retrasos acumulados desde la pandemia y las huelgas de la plantilla de Justicia, en 2022 se superaron los 3.300 asuntos resueltos en los Juzgados de lo Social procedentes de las demandas que se plantearon sobre diversas cuestiones laborales y sociales. 

En 2023 han sido 2.776, lo que supone un descenso del 16,6%, aunque son registros superiores a los años previos a la pandemia. Además de los 549 despidos, se contabilizaron 1.330 reclamaciones derivadas del contrato de trabajo, que suponen 1,4 millones de euros de desembolso para las empresas. 

En este caso, la conciliación y el acuerdo supone más indemnización media para el trabajador que la sentencia,  2.975 euros frente a 2.478.

«Los plazos, en casos de reclamación de cantidad por salarios debidos o finiquitos, son más lentos y se van a un año vista», resume Palacios. 

Las demandas por afiliación, cotización, prestaciones, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, entre otras cuestiones de diversa índole, engrosan el amplio capítulo judicial relativo a la Seguridad Social. Del mismo se excluyen las cantidades en afiliación, alta, baja, cotización al no ser competencia de los Juzgados de lo Social.

En este capítulo de la Seguridad Social hubo 870 asuntos judiciales durante el pasado año, por debajo de los 907 del precedente, que fue también el más conflictivo de la década.