El Ayuntamiento de Burgos, al igual que los del resto de España, no podrá establecer tarifas diferentes para el uso de piscinas u otras instalaciones deportivas municipales en función de que los usuarios estén o no empadronados. Una reciente sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo establece que «no es un criterio razonable y objetivo» y el Procurador del Común advierte de que se deberán reformar las ordenanzas reguladores.

El Consejo de Administración de Deportes abordó este tema en su reunión de ayer a preguntas de los consejeros socialistas y la respuesta del presidente, César Barriada, fue contundente: «Se cumplirá la ley». No obstante, se está a la espera de que los servicios jurídicos del área elaboren un informe sobre el alcance que tendrá este fallo judicial y posteriormente se tendrán que modificar los reglamentos internos de las instalaciones deportivas municipales así como la ordenanza fiscal que establece los precios, según reconoció Barriada.

En el caso de Burgos el abono deportivo en sus diferentes modalidades para el uso de las instalaciones establece precios más caros para los no empadronados que para los empadronados en las diferentes franjas de edad y condición (jubilados y pensionistas, discapacitados). También ocurre lo mismo en el caso de las familias numerosas. Es decir, la ordenanza fiscal 411 establece descuentos para los censados en la capital. Por el contrario, en los precios públicos para la entrar a las diferentes piscinas u otros centros deportivos son iguales para todos. 

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