El Gobierno de coalición del PP y Vox ha decidido, ahora sí, llevar al Pleno de este viernes la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza de Movilidad para que, desde el punto de vista normativa, quede ya regularizada la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (conocido también como Burgos Central).

Lo cierto es que el equipo de Gobierno no cree en la regulación que en su día aprobó inicialmente el PSOE, pero ha llegado a la conclusión de que es la única salida que tiene para poder pedir al juzgado que levante la suspensión cautelar del contrato y poder avanzar en los trabajos de implantación. Y más que porque arda en deseos de que se coloquen decenas de puntos de control, por el temor a que se puedan perder fondos europeos. Ya no solo los 2,6 millones para crear la ZBE, también los otros 4,4 que han servido para realizar las peatonalizaciones totales o parciales de Grandmontagne, la calle Roma o la Plaza Lavaderos y otras actuaciones para mejorar la accesibilidad en las paradas de autobús. Esa ha sido la motivación.

Después. A partir del momento en que se levante la suspensión del contrato, la intención del equipo de Gobierno es modificar la ordenanza que el viernes ya se va a cambiar para que la implantación de la ZBE tenga «el menor impacto posible» y, al mismo tiempo, cumpla la Ley. Así lo avanza el concejal de Movilidad, José Antonio López.

Todo apunta a que el equipo de Gobierno apostará por reducir las zonas afectadas por la ZBE. Y habrá que pensar también qué es lo que se hace con el contrato, porque lo cierto es que está previsto colocar decenas de puntos de control y cámaras de videovigilancia para la lectura de matrículas.

De momento, el bipartito lo que quiere es salvar la primera bola de partido y luego llegará el momento de buscar nuevas soluciones.