La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel, Díaz Ayuso tiene un frente abierto dedicado a la defensa de su compañero sentimental, que ha alcanzado el nivel de asunto nacional, y otro de carácter nacional que tiene mucho de asunto personal, o personalizado en la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Ayuso, a lo largo del último año se ha ido aplanando en cuanto a la defensa de Alberto González Amador, con quien vive en un dúplex en un céntrico barrio madrileño que no se sabe a quién pertenece, porque de la defensa cerrada que realizó cuando se conoció que estaba acusado de dos presuntos delitos de fraude fiscal, ha pasado a una defensa más contenida, menos beligerante, con más dudas, distanciándose de los problemas judiciales de su novio, aunque empeñada en tergiversar la realidad sobre el presunto el fraude fiscal y proclama que solo merece una multa porque lo que ha hecho, dice, es algo habitual y no merece ser enjuiciado y poder ser condenado a una pena de cárcel, aunque su abogado se apresuró a firmar un acuerdo de conformidad con la fiscalía para evitar esa posibilidad. La derivada de ese acuerdo ha abierto muchas vías, desde el insólito procesamiento del Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, a la denuncia de políticos y periodistas por haber utilizado el término popular de 'defraudador confeso' para definir su situación.
Que Ayuso se aplane no quiere decir que no deje de señalar que es objeto de una operación de Estado contra su persona en la que estarían implicados desde el jefe del Ejecutivo a la Fiscalía o la Agencia Tributaria. La jueza que instruye el caso de González Amador ha avalado las pesquisas sobre otros dos presuntos delitos. Pero lleva razón al afirmar que las relaciones entre el Gobierno central y el suyo están trufadas de zancadillas mutuas desde que se considera la verdadera oposición popular al Ejecutivo, al desechar todas las iniciativas gubernamentales y si a veces no es más contundente es para no dejar en evidencia al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que siempre mira de reojo sus actuaciones para que no le ocurra lo que a su predecesor.
En ese juego de haber quien provoca más, el Gobierno ha puesto en marcha varios contenciosos que ponen de los nervios a la dirigente madrileña, desde la cantidad de menores no acompañados que debe acoger Madrid en función de determinados parámetros, al recurso al TC por su negativa a poner una placa en la sede de su gobierno, en la Puerta del Sol que recuerde que allí estuvo la Dirección General de Seguridad por la que pasaron muchos luchadores por la libertad que tenían otro concento del término distinto al de Ayuso.
El enfrentamiento entre los dos gobiernos lleva a que desde el Gobierno central se trate de rebajar su protagonismo allí en lo que pueden intervenir, y ha denegado una parada militar el 2 de mayo, el día de la comunidad o impidiendo que presida una jura de bandera popular en el ayuntamiento de Alcobendas, a la que podrá asistir como invitada. Una condición que ella no permitirá a ningún miembro del Gobierno, incluido su delegado en Madrid para asistir a la fiesta autonómica. Hace unos años ya prohibió al ministro Félix Bolaño acceder a la tribuna desde la que se presidía la fiesta. De aquellos polvos estos lodos estrictamente madrileños, en los que Ayuso impone su autoridad local.