«Se ha causado un perjuicio muy grave para el Ayuntamiento y esto no puede volver a producirse en un futuro en otras áreas». Con estas contundentes palabras se refirió el jueves la concejala de Personal, Yolanda Barriuso, a la pérdida de más de 850.000 euros de la recaudación de las tarjetas de autobús. La edil se refirió a la investigación interna que, finalmente, instruirá el número dos de la Secretaría General y lo hizo en la tradicional rueda de prensa de la Junta de Gobierno en la que se informó también sobre la adjudicación del nuevo contrato de la ORA (la zona azul) a la empresa Estacionamientos y Servicios S.A. (Eysa).

Desde que trascendiera a la opinión pública que Prepay se había quedado con la recaudación de los autobuses, en el debate interno del Ayuntamiento se ha hablado mucho sobre la conveniencia de que una empresa externa ingrese el pago de una tasa como la de las tarjetas de bus o la zona azul. Básicamente, porque los hechos han demostrado que la pérdida de ese control, sin otras garantías, puede desembocar en sorpresas desagradables.

Si bien es cierto que esa ha sido la manera de proceder desde hace muchos años, el caso de los autobuses ha sentado un importante precedente y todo apunta a que en el próximo contrato el Ayuntamiento se cuidará mucho para tener el control de la recaudación de la tasa o, al menos, tener la garantía de que nadie se queda con su dinero.

Esta oportunidad de mejorar el control la ha tenido con el nuevo contrato de la ORA, ya que precisamente los pliegos se publicaron en la plataforma de contratación el 30 de mayo. Es decir, prácticamente dos meses después de que el equipo de Gobierno supiera del problema que tenía con Prepay. Coincide además que es el mismo concejal, José Antonio López, el responsable de los autobuses y de la zona azul (en este caso a través de la Concejalía de Ingeniería Industrial). 

Es cierto que entonces Prepay no había entrado en concurso de acreedores, pero la situación había encendido las alertas en el servicio, hasta el punto de abrirse un procedimiento de penalidades con una sanción a la empresa por la mitad del valor anual del contrato. Aunque no ha tenido ningún recorrido (no ha llegado a culminarse), había quedado al descubierto el problema que puede surgir cuando no se controla la recaudación. 

El Ayuntamiento pagará por el nuevo contrato de la zona azul, que se firmará en los próximos días o semanas, un canon anual de 1,68 millones de euros (IVA incluido), mientras que los datos de la liquidación del último presupuesto muestran que el Consistorio ingresó en 2023 por esta tasa 2,35 millones de euros.

El pliego, lejos de establecer nuevos mecanismos, establece la recaudación de la tasa como una de las «obligaciones» que tiene que atender el «adjudicatario».