La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha abierto un expediente sancionador al propietario de la granja de cerdos de Villaespasa «por hechos relativos a las malas prácticas y los vertidos de residuos ganaderos al dominio público hidrográfico», a raíz de las denuncias presentadas ante el organismo de cuenca por el Seprona de la Guardia Civil y por el Servicio Territorial de Medio Ambiente durante las últimas semanas. De la cuantía que podría acarrear la sanción para el ganadero no han querido pronunciarse desde la CHD.
El 22 de octubre del año pasado el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León denunció ante la Confederación Hidrográfica del Duero y ante el Ayuntamiento de Villaespasa vertidos incontrolados de purines en el camino de acceso a la explotación ganadera porcina de esta localidad, llegando por sus cunetas al arroyo Valdejaramillo. El 13 de enero volvieron a hacer la misma denuncia, esta vez de forma conjunta con el Seprona de la Guardia Civil.
Desde entonces, según relatan algunos vecinos de pueblos del entorno, la evacuación de los purines se viene realizando de forma continuada, como aprecian con desesperación cada día mirando las cunetas o los arroyos. «No sabemos si las balsas están colmatadas y al rebosar se sale, si tienen filtraciones o si directamente está bombeando para ir vaciándolas, el caso es que hay derrames que se están filtrando en el suelo y llegando a los ríos», cuentan. De hecho, se ha cursado una nueva denuncia por parte de Medio Ambiente este pasado lunes 24, dado que la situación viene reiterándose desde el día 13 de enero, es decir, mes y medio de vertidos continuos que también afectan a las fincas agrícolas.
Prácticamente no ha habido ni un año en el que no se haya alertado de vertidos irregulares procedentes de esta explotación ganadera. En el año 2020, según afirman desde la Junta, el promotor fue denunciado por agentes de Medio Ambiente por vertidos incontrolados de purines y por la falta de estanqueidad de las balsas. En el 2021, fueron los Ayuntamientos de Hortigüela, Barbadillo del Mercado y Cascajares de la Sierra los que denunciaron deposiciones de purines en fincas agrícolas. Ahora también han denunciado los alcaldes de Cascajares y de Hortigüela, que con resignación lamentan: «No vamos a poder acabar nunca con esta situación», y es que estos residuos ganaderos están llegando al río Valparaíso y a la zona donde Hortigüela capta sus aguas, de ahí su inquietud.
La competencia de control de cumplimiento de los requisitos de funcionamiento de la explotación ganadera corresponden al Ayuntamiento de Villaespasa (al que llegan las denuncias de Medio Ambiente) al estar sometida la explotación al procedimiento de licencia ambiental. Con su alcalde y a su vez trabajador de esta granja, Justino Orcajo, han tratado de hablar en alguna ocasión sus colegas de pueblos próximos para trasladarle su preocupación por las consecuencias que puede tener para el medio ambiente los vertidos de purines y para que tome las medidas municipales oportunas. Sin embargo, estas no llegan. Los que si que han actuado han sido ellos, ya que tanto Cascajares, como Jaramillo y Hortigüela han aprobado ordenanzas municipales para regular estos vertidos.
«Es de llorar» o «es una detrás de otra» son algunas de las frases que salen de la boca del alcalde de Cascajares, Juan Carlos Gutiérrez, enfadado también por cómo el promotor de la granja está destrozando los caminos de su pueblo cuando se desplaza con el camión. Respecto a los vertidos, iniciarán el expediente sancionador que le permite su ordenanza mientras lamenta que otras administraciones con mayor poder no consigan poner fin una situación que puede suponer un peligro para la salud humana mientras el ganadero continúa con su actividad.
Control de fauna y flora. Durante las últimas semanas, patrullas de la Guardia Civil recorren con periodicidad el terreno donde se están produciendo los vertidos para vigilar hasta donde llegan estos y si pudieran estar produciendo mortandad de fauna o de flora. «De momento no se ha apreciado, pero siguen con las inspecciones por si hubiera. Hasta la fecha no hay delito medioambiental, solo infracciones administrativa», explican desde la Benemérita.