Castilla y León sigue puliendo su ingeniería financiera y vuelve a meter la tijera al peso de su deuda pública. Al cierre del segundo trimestre del año suponía ya el 18,8% de su Producto Interior Bruto, casi un punto menos que hace un año y tres por debajo de la media de las comunidades autónomas (21,9%), según los datos publicados por el Banco de España. En total son 13.846 millones de euros los que tenía al cierre de junio el Gobierno autonómico en su carpeta del 'debe', una cifra que sirve para que la Comunidad baje del 19% de deuda sobre PIB por primera vez en diez años y siga acercándose al objetivo del 13% que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Todo ello pese al ligero incremento del capítulo de deuda, que acumula 340 millones más que hace un año (+2,5%), pero que quedan amortiguados por el buen comportamiento de la economía de Castilla y León, que durante el primer semestre de 2024 ha despuntado un 3,3%, casi el doble de lo previsto. Mientras, entre enero y junio de este año el 'debe' regional ha caído un 0,15 por ciento. «Nuestro PIB crece más que nuestra deuda», resume a este periódico el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que valora que esto supone que Castilla y León tiene «más posibilidades para hacer frente a sus compromisos de deuda».
El logro de romper el suelo del 19% de deuda sobre PIB por primera vez en diez años llega tras cuatro ejercicios seguidos limando el mordisco que los préstamos y mecanismos de financiación pegan a las cuentas públicas. Un balanza de pesos que la pandemia de la covid-19 desniveló por completó, disparando hasta casi el 24 por ciento la deuda de Castilla y León sobre su PIB. Ahora, el dinamismo económico soportado en el tirón de la industria y la subida sin final de las exportaciones sigue tejiendo otro récord de PIB para este 2024, con el consiguiente descenso del impacto de la deuda autonómica.
Un compendio de malabarismos macroeconómicos que deja a Castilla y León como la sexta comunidad de régimen común con menor sombra de deuda sobre su PIB. «Nos consolidamos como una comunidad con nivel de deuda inferior a la media nacional», resume Carlos Fernández Carriedo, que aprovecha para recordar que «esto evidencia que Castilla y León no tiene un problema de deuda, sino de financiación de los servicios públicos». El titular económico, muy beligerante en la urgencia de reformar el modelo, señala a este periódico que «la solución no es una quita en la deuda, como planteaban los separatistas, sino un modelo de financiación que nos permita hacer frente a los servicios que prestamos».
Fuera de la clave política, Fernández Carriedo reitera que el menor peso de la deuda pública «ayuda a tener que detraer menos recursos públicos para la deuda y destinarlos a financiar servicios públicos y crecimiento económico». El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León, atendiendo a quiénes son los prestamistas, revela que los mayores importes corresponden a las emisiones de deuda pública, con 2.950 millones; el Fondo de Facilidad Financiera, con 1.774 millones; y el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo, con 1.325 millones.