Los expedientes sancionadores abiertos a alojamientos turísticos en Burgos prácticamente triplicaron en 2023 los números firmados durante el año anterior al pasar de 6 a 16 los casos registrados por los inspectores de la Consejería Cultura, Turismo y Deporte.

Con más de 200 alojamientos hoteleros y 450 viviendas turísticas dadas de alta en la provincia, el dato resulta anecdótico. Con todo, los controles ejercidos por la Junta ayudan a mantener alto el listón del servicio ofrecido por el sector.

La situación protagonizada por las viviendas de uso turístico es particular. Son las que más expedientes sancionadores sumaron en el año 2023 con un total de siete y todas ellas están catalogadas con un rango no inferior a grave. Ello conlleva multas tipificadas en la Ley 14/2010 de Turismo de Castilla y León que, en un función del nivel de la infracción cometida, pueden oscilar entre los 901 y los 9.000 euros. Sin embargo, se contemplan varios supuestos de reducción de las propuestas de sanción aplicados en todos los casos en mayor o menor grado.

Cuatro de los expedientes mencionados se refieren al acto de «publicitar la actividad turística sin haber obtenido la oportuna habilitación o sin haber presentado la correspondiente declaración». Otros dos ponen el foco en la «utilización de denominaciones de la actividad turística que puedan inducir a error sobre la clasificación, categorías, especialidades o características de aquella».

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