En una no muy afortunada traducción de internet se cuentan así los orígenes de uno de los principales fondos buitre que operan en España: «Coral Homes, fundada en 1990, fue fundada por Paul Sweeney, un humilde carpintero que en ese momento simplemente quería marcar una diferencia positiva en la industria que amaba». ¿Qué pensaría Sweeney, que tiene una pinta de lo más simpática en la foto de su web, con su estilo casual y su barbita pelirroja, de lo que su empresa está haciendo en la vida de una joven de 29 años que tiene que criar sola a un bebé de tres? Probablemente se apiadaría de ella, pues la situación que vive -la van a desahuciar el 17 de octubre- no puede no suscitar otra emoción en cualquier persona con un alma. Por más que Lucía Mendoza se defina a sí misma como okupa, pues entró en un piso de Gamonal después de pagar 500 euros por la llave a otra persona que también había accedido allí de forma ilegal. En dos ocasiones anteriores su abogado consiguió paralizar el alzamiento debido a su situación de vulnerabilidad, pero ya no puede hacer más, por lo que esta chica pasa los últimos días con las maletas hechas y sin parar de llamar allí donde se le ocurre.

Su historia está, como la de muchas personas jóvenes, atravesada por la precariedad más extrema: sin un trabajo medianamente decente tuvo que recurrir a las ayudas sociales y en la actualidad todos sus ingresos son 350 euros del Ingreso Mínimo Vital. Por eso ha pedido tanto a la Junta de Castilla y León como al Ayuntamiento que le echen una mano para salir de semejante situación. Con la trabajadora social de su ceas tiene iniciada una búsqueda activa de empleo y hace gestiones para poder incrementar la cantidad del IMV que recibe y, a la vez, prácticamente todos los días llama al call center de Coral Homes donde se duele de que nunca le pasan con una persona que tenga alguna responsabilidad. «Siempre me coge alguien distinto y siempre me dicen lo mismo, que no negocian con particulares, que le diga al Ayuntamiento que se pongan en contacto con ellos. Yo no me niego a pagar un alquiler, pero necesito que alguien me ayude», dice. Son los riesgos de que una situación tan compleja como la de Lucía tenga como único interlocutor y por pocos minutos a una telefonista que probablemente viva también en una gran precariedad económica. Aunque, por contarlo todo, tampoco la abogada de Coral Homes le contesta al teléfono a este periódico, que quiso conocer su versión de los hechos.

No me dan la oportunidad de decir al fondo buitre que quiero un alquiler»

Lucía mira por la ventana de 'su' casa el pasado miércoles. - Foto: Alberto Rodrigo

La concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, conoce el caso y reconoce que en otros sí se ha negociado con el fondo buitre, pero que en este no es posible porque Lucía no es propietaria ni inquilina sino okupa, lo que es un delito, y el Ayuntamiento, añade, no puede intermediar cuando existe una situación fuera de la legalidad: «No podemos dar cobertura a la okupación, lo que sí podemos hacer es ofrecerle todo el soporte que necesite desde Servicios Sociales». 

Tienen todo el sentido las palabras de la concejala y así puede entenderlo cualquiera. Seguramente, haya quien se asome a esta historia que aquí contamos y esté muy de acuerdo con que los okupas no tienen derecho a auxilio alguno y que tienen que pagar por su delito. Porque en el imaginario social un okupa es alguien que fuerza una casa que no es suya cuando sus habitantes van a comprar el pan. No es el caso de Lucía. Ella llegó a este piso vacío porque no tenía dónde vivir y estafada por otra persona. Está empadronada allí, paga sus gastos y tiene una magnífica relación con el vecindario y lejos de deteriorar la vivienda la cuida con mimo. ¿Es un delito lo que ha hecho? Sí. ¿Tiene muchas aristas éticas y morales? También.

Ojalá, afirma, se fuera con su situación tan flexible como con «otras cosas que pasan». Y recuerda los mensajes que escribió hace un par de años en una red social la hija de una mujer que no era okupa pero que fue igualmente acosada por Coral Homes para intentar echarla de su piso del centro de Burgos. Uno de ellos decía así: «Hace años que el bloque debería haber pasado la Inspección Técnica de Edificios a la que obliga el Ayuntamiento, pero se ve que la ley solo la tenemos que cumplir algunos. ¿Sanción? Igual les llega algún año de estos». También sabe que hay otras localidades donde ante una situación como la suya (haberse metido de forma ilegal en un piso) y teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la familia en cuestión (es una mujer sola con un niño de tres años que vive con 350 euros al mes) el Consistorio habría paralizado el desahucio. DB le comentó esta circunstancia a la concejala. «Cada ciudad tiene una realidad distinta», contestó.