La trágica DANA que azotó Valencia hace casi un mes ha puesto sobre la mesa muchos miedos y preguntas, más allá de la gestión de la catástrofe por parte de las autoridades. ¿Otra devastadora riada podría golpear de nuevo España y dejar un rastro de destrucción y muerte como el causado el 29-O? La respuesta es incierta, si bien los datos arrojan una realidad inquietante: las zonas del país con posibilidad de sufrir inundaciones llegan a unos 25.000 kilómetros, y en las identificadas como «de mayor riesgo» viven casi 2,7 millones de personas, hay 47 hospitales, 977 centros educativos, 347 residencias de ancianos y nueve aeropuertos.

Estas cifras se recogen en los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación de segundo ciclo de las cuencas intercomunitarias (2022-2027). Un documento del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, actualizado hace dos años con cartografía y registros para un mejor conocimiento del peligro y la compatibilidad con la planificación hidrológica, que se perfila ahora como «primordial para construir un programa de medidas sólido y eficaz para lograr el objetivo de reducción del riesgo».

El texto indica que la mayoría de los casi 1.000 centros educativos en zonas inundables de máximo peligro, donde residen 2.692.000 personas, están en las cuencas de Júcar, del País Vasco, el Cantábrico y el Tajo, mientras que el mayor número de hospitales corresponde a Júcar, Segura y Guadalquivir.

Asimismo, en el apartado Caracterización de la peligrosidad y riesgo por inundación fluvial de estos planes, figura que las cuencas con mayor población en estos territorios son la del Guadalquivir, con cerca de 600.000 habitantes aproximadamente, seguida del Segura, con más de 550.000 y del Júcar, con cerca de 500.000. A ellas les siguen las del Duero, Ebro y Cantábrico oriental, con más de 250.000, mientras que las que presentan menores poblaciones son las de Cantábrico occidental (150.000) y Guadiana, Tajo y Miño-Sil, por debajo de las 100.000 personas.

Además, según estos textos del ministerio, actualmente la normativa «es muy estricta» para impedir que los usos del suelo rústico se transformen en terrenos urbanizables y se construya en zonas inundables. Pero en la práctica, estas leyes podrían no estar ajustándose a la realidad. En relación con los suelos urbanizables en zonas inundables, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece «recomendaciones» asociadas a estos trabajos, y «son los ayuntamientos los que deben vigilar estos temas».

Falta de obras hidráulicas

El ingeniero y profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Sebastián Guillén Ludeña, explica que «las zonas afectadas por las riadas en Valencia ya estaban identificadas como ARPSI (Áreas con riesgo potencial significativo)» y tienen como denominador común que «han sido provocadas por cauces poco o nada regulados, es decir con ausencia de obras hidráulicas de laminación de avenidas, y con una alta ocupación de sus márgenes».

«Si se compara con el episodio de inundaciones provocado por la depresión aislada en niveles altos de 2019 en Murcia y Alicante», en el que murieron seis personas, «se puede inferir que la existencia de presas de laminación y encauzamientos como el del Río Segura -si bien no son infalibles y se pueden ver sobrepasados- reducen significativamente los efectos negativos de una riada», añade.

El también director del Curso de Especialista Universitario de Zonas Inundables de la UPCT apunta, de igual modo, que la peligrosidad de una zona inundable se mide en función de dos variables. La primera, «el calado máximo, que es la altura máxima que puede registrar el agua en el lugar; y la segunda, «la velocidad máxima» que alcanza.

En su opinión, aunque el marco normativo existente «es adecuado para identificar los riesgos», sería conveniente actualizarlo para incorporar los efectos del cambio climático a la hora de cuantificar la magnitud de los eventos extremos.

No obstante, subraya, «es evidente que a la vista de lo ocurrido, es necesaria la revisión de la ley de ordenación del territorio en lo relativo a la construcción en esos puntos». Unos cambios que, añade, deberían afectar también «a los protocolos de coordinación entre administraciones en la gestión de una alerta hidrometeorológica y su comunicación a la población».

Para este experto, es necesario invertir en la construcción de obras de defensa de los núcleos de población amenazados, siempre con criterios de sostenibilidad y de respeto al medioambiente; educar a la población para que sepa cómo actuar ante una alerta de inundación; y, por último, revisar los protocolos de las distintas administraciones.