Las ayudas a la dependencia a las personas que sufren de alguna enfermedad o discapacidad por la que tienen derecho,  y más en concreto, los enormes y generalizados retrasos que arrastran en su abono -incluso llegando al fallecimiento de sus beneficiarios sin haber percibido un solo euro- han abierto un nuevo frente judicial contra las administraciones públicas y un amplio ámbito de trabajo para los despachos de abogados en Burgos, tan jugoso como las últimas reclamaciones a la banca. 

La novedad la propicia una sentencia del Tribunal Supremo 548/2024 del pasado mes de abril, que establece que los herederos de una persona dependiente tienen derecho a reclamar los gastos incurridos cuando la Administración no aprueba el Programa Individual de Atención (PIA), la ayuda económica, antes del fallecimiento del beneficiario.

En muchos casos, como el que juzgó el alto tribunal, los gastos de la residencia privada fueron asumidos por una heredera ante el silencio administrativo y la dilación de la Administración, persona que reclamó judicialmente y que recibirá el reintegro de los gastos de residencia asumidos por la demora en la tramitación del PIA.

El Supremo falla que el derecho a la prestación por dependencia es personalísimo, es decir, que solo corresponde al beneficiario y que se extingue con su fallecimiento, pero puntualiza que el procedimiento administrativo en curso y el derecho a la prestación se transmite a los herederos. Así, estos tienen derecho a que se concluya el PIA y a reclamar los gastos que hubieran sido cubiertos por la prestación si se hubiera aprobado a tiempo. 

«La sentencia establece que la dilación administrativa no debe perjudicar a los herederos, quienes pueden reclamar el reintegro de los gastos asumidos por la demora en la tramitación del PIA», explica el abogado Jaime Codón, quien ya trabaja en varios casos de esta naturaleza.

El fallo del Supremo se basa en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establece que nunca se puede responsabilizar a los beneficiarios por errores y dilaciones administrativas como las descritas. 

«La Administración casi nunca contesta, se escuda en el silencio administrativo que siempre se ha entendido como negativo. En las prestaciones asistenciales -y más durante la covid- se han producido muchos fallecimientos y, hasta ahora, se entendía que los herederos no tenían derecho a percibir las ayudas por los gastos en los que habían incurrido mientras la Administración no contestaba».

Largos procesos. A diferencia de un banco, una demanda judicial contra la Administración implica primero un procedimiento administrativo ante el organismo competente y un recurso ante el Tribunal Económico que puede llevar hasta dos años antes de llegar la demanda al juzgado. Hasta ahora, había muchas barreras para la reclamación judicial de derechos ante un organismo público.

La sentencia del Supremo, explica Codón, va mucho más allá del ámbito de la dependencia y puede ser extrapolable a cualquier procedimiento administrativo con cualquier administración, local, provincial, regional o estatal, porque en todos estos ámbitos hay retrasos y dilaciones tras el silencio administrativo. 

«Estamos ante una revolución jurídica que viene a cambiar el sentido del silencio administrativo, siendo ahora de carácter positivo, lo que abre la posibilidad de activar un aluvión de reclamaciones contra la Administración», añade el abogado.

Casos, según entiende Codón, hay muchos, desde los reconocimientos de las incapacidades y discapacidades; de las pensiones no contributivas; la concesión de la renta mínima garantizada; las ayudas de larga duración; las subvenciones o la concesión de licencias urbanísticas o las ayudas para la instalación de placas solares en una vivienda, por poner algunos ejemplos de ámbitos en los que hay problemas... 

«La sentencia del Tribunal Supremo es un cajón de sastre que permitirá a los ciudadanos fiscalizar la inacción de la Administración. Son muchas actuaciones para los abogados en los casos en los que la Administración haya reconocido previamente esas prestaciones o ayudas», concluyó el experto.