El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Salas de los Infantes (Burgos) ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el Observatorio de Bienestar Animal (OBA) contra el propietario de una granja porcina de Arauzo de Torre, en la provincia burgalesa, por supuestos delitos de maltrato animal y publicidad engañosa.

La denuncia se extiende también a los operarios de la explotación porcina, compuesta por dos naves con un millar de cerdos de engorde, ha confirmado a EFE el Observatorio, que considera positivamente la admisión a trámite de su denuncia, y espera una "condena ejemplar", han indicado.

Desde el Observatorio de Bienestar Animal han insistido en que este tipo de casos "reflejan un fallo estructural de la cadena alimentaria", que a su juicio comienza por los propios supermercados que "están fallando al bienestar animal, a la evidencia científica y a las expectativas de los consumidores".

Igualmente, "este horror es responsabilidad de la certificación Welfair y de la Junta de Castilla y León", que se encargan de supervisar las explotaciones ganaderas, de ahí que la ONG haya vuelto a insistir en que se necesita un cambio sistémico que priorice el bienestar animal sobre el beneficio económico.

La denuncia interpuesta por el Observatorio contra la granja porcina de Arauzo de Torre, la segunda que afecta a una explotación de Burgos tras la registrada el noviembre pasado contra una instalación de Quintanilla del Coco, señala supuestos casos de maltrato animal, acompañados con imágenes tomadas entre junio y diciembre de 2023.

Tal como relató la ONG en un comunicado la pasada semana, han comprobado la existencia de deformaciones, hernias y heridas infectadas en los animales, además del uso habitual de picanas eléctricas, junto con acciones violentas contra los cerdos (golpes y patadas por parte de operarios); y presencia de ratas, gusanos e insectos en los comederos.

Tras el registro de la denuncia, el juzgado de Salas de los Infantes abrió diligencias previas, que dieron lugar a la apertura de una investigación por parte del Seprona de la Guardia Civil, que ha incluido dos inspecciones a las instalaciones la semana pasada, y que continúa abierta, han explicado a EFE fuentes del instituto armado.

Por parte de la Junta de Castilla y León, preguntada sobre la denuncia tras hacerse pública el pasado jueves, defendieron que se realizan encuestas de bioseguridad periódicas y que la última, el 15 de noviembre de 2023, dio que estaba "todo en orden", y el Gobierno autonómico da "plena veracidad" a los informes oficiales, pese a que la ONG ha matizado que algunas de las imágenes recogidas en la denuncia fueron tomadas a posteriori, entre el 22 y el 24 de noviembre.