Evitar que las entidades locales menores de la provincia desaparezcan, facilitando que cumplan con las exigencias de la futura Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ahora se debate en el Senado, y de la nueva ordenación territorial de la Junta, es el objetivo que persigue la Diputación de Burgos con el servicio integral de gestión económica y financiera que pondrá a disposición de las pedanías a partir del próximo año y cuyo reglamento, y tasas, fue aprobado ayer por la Comisión de Hacienda.
El presidente de la institución provincial burgalesa, César Rico, acompañado de los vicepresidentes, José Ignacio Marín y José María Martínez, manifestó que la puesta en marcha de este servicio supone «el compromiso real y efectivo de la Diputación respecto a las entidades locales de ámbito territorial inferior a la municipal, es decir las menores» e indicó que la institución provincial «ha sabido reaccionar a tiempo en un momento de confusión normativa y legislativa para que estemos en tiempo y forma habilitados para cumplir los compromisos legales», que llegarán con la legislación estatal en materia de contabilidad y económico-financiera.
Rico recordó que la Junta elaboró en julio un decreto en el que se establecía que las funciones de contabilidad general serían responsabilidad de los servicios de asesoramiento a municipios de las diputaciones provinciales y que el mismo ha tenido una vigencia de dos meses, porque fue derogado por la Ley de Ordenación de Territorio, «lo que hace necesaria la implicación directa de la Diputación de Burgos si queremos colaborar con las entidades locales menores en orden no solo a su mantenimiento sino a que no desaparezcan», declaró Rico.
Esa implicación de la Diputación se ha plasmado en un reglamento que regula la prestación de la asistencia a las pedanías que quieran acogerse, es voluntario, y en una ordenanza en la que se establecen las tasas que se cobrarán por la prestación de ese servicio. En el reglamento se establece que a través del Servicio de Asesoramiento a Municipios (Sajuma) la Diputación se compromete a prestar a las pedanías el servicio de contabilidad pública, que incluye la elaboración de los presupuestos de las entidades locales menores, la liquidación de los mismos, la liquidación de la cuenta general y también la remisión de la misma al Ministerio de hacienda y al Consejo Consultivo de Cuentas de Castilla y León dentro de los plazos legales.
Para este servicio se han establecido unas tasas, cuya ordenanza fiscal aprobó ayer la Comisión de Hacienda, en la que se recoge el espíritu del decreto que derogó la Junta, fijando un precio que el presidente de la institución calificó de «simbólico y por debajo del coste real del servicio que va a prestar la Diputación» y que varía en función de número de vecinos.
En concreto, las pedanías de hasta 100 habitantes pagarán una cuota anual de 300 euros, las de 101 a 300 habitantes 500 euros y las que superen los 301 habitantes abonarán 800 euros al año. «Unas cuotas que no suponen un esfuerzo económico para las entidades y por el que recibirán un servicio financiero completo, integral en materia económico financiera y de gestión presupuestaria», afirmó Rico. El reglamento y la ordenanza fiscal se aprobará en el próximo pleno y, una vez publicados en el BOP, entrarán en vigor, previsiblemente en enero de 2014.
También la recaudación
Además de ese servicio de asesoramiento económico, el equipo de gobierno también va a plantear la posibilidad de que la institución provincial asuma, previa petición de las propias pedanías, llevar a cabo la recaudación de las tasas o precios públicos que tienen fijados las entidades locales menores, «y seguiremos colaborando con la gestión patrimonial, recogiendo el espíritu del decreto derogado por la Junta», matizó Rico, quien insistió en la apuesta decidida del equipo de gobierno por la continuidad de las 652 pedanías que existen en la provincia.