El libro sobre la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Burgos aún reserva varios capítulos antes de narrar su final con la puesta en marcha del área restringida para aquellos vehículos considerados contaminantes. Son muchos los aspectos por resolver por parte de una administración local que, al menos, tiene claros los detalles técnicos que afectarán en el futuro al día a día de los usuarios.

La cristalización de la idea conocida como Burgos Central va para largo, pero tanto el equipo de Gobierno como los técnicos se aferran a la aplicación de la ordenanza ya aprobada para cumplir con la ley «lo antes posible».

Es de sobra conocido que el proyecto defendido por la coalición formada por PP y Vox apuesta por una Zona de Bajas Emisiones de mínimos. Para ello se delimitó una superficie de 0,5 kilómetros cuadrados en el corazón peatonal de la ciudad, un área restringida solo para aquellos vehículos que no dispongan de etiqueta ambiental o que no gocen de la pertinente dispensa municipal.

Los estudios realizados por el Ayuntamiento estiman que actualmente se realizan alrededor de 86.500 viajes al día con origen o destino al área de la futura zona acotada. Una cifra que la aplicación de la normativa pretende reducir en más de 7.200 vehículos por jornada con las medidas que se plantearán para sacar del centro de la capital a los más de 65.000 viajes correspondientes a no residentes.

Mientras, los ciudadanos censados dentro de Burgos Central podrán desplazarse con normalidad dentro del perímetro vigilado por 36 cámaras de lectura de matrícula de vehículos, ya que algunas de las 31 localizaciones planteadas contarán con dos dispositivos de control a la entrada y a la salida de las vías afectadas. 

Más calles. Cabe recordar que Condestable, San Juan con la Puebla y con Santocildes, Arco de San Gil, Santa Águeda, el paseo del Espolón y plaza Santo Domingo de Guzmán, además de los aparcamientos de la Plaza Mayor y del Museo de la Evolución Humana (MEH), se incluyeron en la relación inicial.

Los avances realizados con la aprobación de la ordenanza sufren hoy otro frenazo a la espera de la concesión de la prórroga anunciada el pasado mes de agosto por el Ayuntamiento. La instalación de los elementos de control -cámaras, señalización, sistemas informáticos...- no llegará a tiempo al límite fijado el 31 de diciembre y la administración necesita ese margen extra para no perder los 2,6 millones de euros procedentes de fondos europeos. Mientras tanto, queda pendiente el proceso de adjudicación de estas tareas y la resolución del contrato firmado con Etralux el pasado mandato, el cual acabó judicializado.

Con tiempo por delante.  El proceso administrativo conducirá a la adjudicación de unos trabajos que se prolongarán durante 8 meses. A partir de ese momento se activará un protocolo que aún no acarreará multas por la condición planteada por el socio de gobierno de prolongar durante 18 meses el periodo inicial libre de sanciones, cuyo importe establecido será de 200 euros. La apuesta de mínimos del bipartito tendrá su efecto en los ingresos previstos con una recaudación media de 800.000 euros anuales hasta 2030.