El Senado fue testigo ayer de la promesa del Ministerio de Justicia. Félix Bolaños se comprometió a impulsar una nueva ley de justicia gratuita que, entre otras cosas, incremente los honorarios de los profesionales a una cantidad que se ajuste a sus reivindicaciones históricas. Lo cierto es que abogados y procuradores llevan escuchando años proclamas similares, pero siguen cobrando poco, mal y, para colmo, tarde. Porque el Estado acumula una deuda histórica que ahoga a quienes atienden a justiciables sin recursos para costearse un proceso en los tribunales. Los impagos se agolpan desde noviembre por culpa de la inoperancia política y los fallos en las tramitaciones de decretos. Es, consideran los colegios burgaleses, el enésimo desagravio hacia ellos.

Se podría decir que los retrasos en los pagos de honorarios por las asistencias jurídicas gratuitas son un clásico. Ya son muchos años que el Ministerio tarda más de la cuenta en aprobar las certificaciones y autorizar el abono de las minutas. Pero nunca antes se había dilatado tanto en el tiempo. Los 300 abogados y procuradores que, aproximadamente, están inscritos en el turno de oficio, llevan sin cobrar desde el pasado mes de noviembre. Casi medio año en el que han escuchado una y otra vez que sí, que la partida ya estaba a punto. Se aprobó incluso una resolución en que recogía la subvención, pero fallos en la tramitación terminaron por devolverla al inicio.

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