La implantación definitiva de la Zona de Bajas Emisiones en Burgos aún tiene un largo camino por recorrer y un sinfín de incógnitas por resolver hasta que sea una realidad. La única certeza en este momento es que el Gobierno de coalición del PP y Vox en el Ayuntamiento rediseñará la Ordenanza presentada inicialmente por el PSOE, una cuestión que afectará -entre otras consideraciones relevantes- a los ingresos previstos por sanciones en las diferentes áreas acotadas.
El texto normativo original, aún provisional y sin aprobación definitiva, contempla la recaudación aproximada de 11,4 millones de euros en multas dentro del perímetro regulado entre los años 2027 y 2030. Cabe recordar que el planteamiento del anterior equipo de Gobierno ya contemplaba que las restricciones no tuvieran impacto alguno en los tres primeros años desde la aplicación de la normativa prevista entonces para el 1 de enero de 2024. Esa primera fase solo afectaría a la denominada Zona Cero, conformada por calles que ya son peatonales.
El balance económico de la implantación de la ZBE incluye una previsión en sanciones nada desdeñable teniendo en cuenta que en 2027, 2028 y 2029 solo se aplicarían las multas en la Zona Básica, la cual suma a las calles de la Zona Cero otros puntos como el inicio de la calle Vitoria, la calle Santander (pendientes de peatonalizar), la avenida del Arlanzón hasta el puente Gasset o la calle Valladolid hasta el puente Santa María, así como las calles San Lesmes, San Pablo, Santa Clara o Miranda.
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