Hace unos días, la comunidad educativa universitaria recibía la noticia de que los grupos, tanto teóricos como prácticos, en las diferentes asignaturas, iban a ser más numerosos a partir del curso académico 2024-2025. No se trata de un aumento anecdótico ni progresivo, sino que literalmente se duplica el número de estudiantes. De este modo, habrá grupos teóricos de hasta 100 estudiantes y grupos prácticos de hasta 75. Este incremento exponencial responde exclusivamente a cuestiones económicas, y, sin duda, tendrá claras consecuencias a nivel pedagógico, educativo y relativo a la calidad de la enseñanza.

Es algo que deriva de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y que afecta a todas las universidades españolas, dependiendo en gran medida de cada Comunidad Autónoma. En el caso de Castilla y León parece ser que la financiación autonómica para que las universidades implanten la ley ha sido nula, por lo que estas han tenido que tomar medidas. La ley se redactó con muy buenas intenciones, pero, visto lo visto, desde un enfoque claramente utópico. Por poner un ejemplo, la figura del profesor Ayudante Doctor pasa de impartir 24 créditos a 18, con el mismo salario.

Además, se persigue la estabilización docente, fomentando que a corto plazo puedan ser convocadas multitud de plazas de Ayudante Doctor y de profesor Permanente Laboral. Ahora bien, ¿cómo puede ser esto posible sino existe una financiación para que pueda llevarse a cabo? Como, desgraciadamente, suele suceder en nuestro país con las leyes educativas, de nuevo parece construirse la casa por el tejado. ¿Qué sentido tiene aprobar una ley estatal en la que se promueven diversidad de cambios de estabilización del profesorado sin la garantía de una mínima financiación?, ¿la Junta de Castilla y León no puede hacer un esfuerzo al respecto?, ¿de verdad que la única solución se encuentra en la masificación de las aulas? 

Sin duda, esto supone un claro retroceso sobre todo lo que se había ganado al respecto en los últimos años, incumpliéndose principios básicos como los relativos a unos ratios adecuados de alumnado, establecidos en el Plan Bolonia. Lo peor de todo es que lo pagan los de siempre, el profesorado y los estudiantes. Literalmente, es inviable llevar a cabo una docencia de calidad con una clase de 80 estudiantes, en la que, además de recitar contenido y (esperar) que el alumnado copie apuntes, poco más se puede hacer. Por no hablar de las clases prácticas, en las que sencillamente en algunas facultades no hay espacios para grupos tan grandes. ¿Dónde quedará la atención individualizada?, ¿y el empleo de metodologías activas?, ¿qué tipo de enseñanza de calidad se puede esperar si parece que ya casi nos conformamos con que los estudiantes quepan en clase? Un auténtico despropósito. Eso sí, luego se nos exigirá buenos resultados…