Un mercado de la vivienda hostil expulsa al migrante

ANGÉLICA GONZÁLEZ / Burgos
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Esta situación fomenta el hacinamiento y el realquiler en la ciudad. Burgos Acoge lo achaca a un racismo «que ya no se esconde», al temor que generan algunas noticias «falsas y alarmistas» y a unos precios imposibles

Burgos Acoge se propone establecer relaciones de confianza sin prejuicios entre propietarios e inquilinos. - Foto: Patricia

Que presenten doce nóminas, por lo menos, además de la fianza. Que tengan un contrato indefinido con una antigüedad de varios años.  Que sus ingresos económicos no procedan de ayudas públicas. Que sea una familia sin niños. Que no sean negros. Que no sean subsaharianos. Que no sea una madre sola con criaturas a su cargo. Que no lleve velo... Las exigencias con las que se encuentran las personas migrantes que quieren buscar un piso en alquiler en la ciudad de Burgos son cada vez más astronómicas. El mercado de la vivienda -cuyos precios por los aires afectan al conjunto de la población- ha adquirido una hostilidad tal para este colectivo que lo está expulsando y fomentando no solo el hacinamiento de mucha gente o varias familias en una sola casa sino aquella figura de posguerra del realquiler e incluso un mercado negro de empadronamientos. 

El día a día del área de vivienda de Burgos Acoge se ha convertido en un campo minado en el que lidiar no solo con las dificultades que se imponen en el mercado inmobiliario sino con los prejuicios, el racismo y la xenofobia que se expresan ya de forma abierta, tal y como comenta su responsable, Marta Martínez Klett: «Hace algún tiempo daba un cierto pudor expresar  opiniones sobre el color o el origen de otras personas pero ahora esa barrera se ha traspasado y nos hemos encontrado con gente que no nos ha abierto la puerta de su casa a pesar de que teníamos cita para verla y acordar un posible contrato de alquiler por el hecho de que por la ventana ha visto que las personas que llegaban con una de nuestras educadoras eran negras».

El alquiler puede estar basado en criterios de beneficio mutuo y confianza»

Houhannes, Anahit y la pequeña Mane, junto a Salomé, de quienes son inquilinos desde hace cuatro años.Houhannes, Anahit y la pequeña Mane, junto a Salomé, de quienes son inquilinos desde hace cuatro años. - Foto: Patricia

No vale ya, ni siquiera, que las personas que llegan como solicitantes de protección internacional (refugiadas) tengan un documento  gubernamental en el que se acredita de forma oficial que el pago del alquiler va a correr por cuenta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones durante un tiempo determinado. ¿Por qué ocurre esto? Tanto Martínez Klett como Nuria Revilla, coordinadora de la entidad, apuntan al miedo que existe entre la población a tener problemas con cualquier inquilino y a una enorme desconfianza, lo que crea una prácticamente inexistente oferta. «A este estado de cosas han colaborado muchas informaciones alarmistas e infundadas que no se corresponden con la realidad de las cosas. También, el hecho de que se hayan tenido malas experiencias previas y que las buenas, que las hay y son muchas más que las malas según nuestra experiencia, no se visibilicen de forma suficiente».

Tampoco sirve que la entidad respalde la honorabilidad y la confianza en los futuros inquilinos. Para los propietarios suele ser muy relevante la nacionalidad, por eso las técnicas saben que dentro del colectivo migrante hay quienes lo tienen peor ya que se prefiere gente llegada de países de América Latina que de África. «¿Una mujer marroquí y sola con varios niños? ¡Olvídate, eso es casi misión imposible», enfatizan.

La consecuencia de que existan cada vez más trabas -este panorama ha ido empeorando en el último año y medio- es que se dan muchos casos de hacinamiento de más personas de las que una casa puede acoger, que haya gente que directamente tiene que dormir en la calle o que las infraviviendas estén haciendo su agosto porque se están pidiendo hasta trescientos euros al mes por una habitación en un piso que puede estar cayéndose, literalmente. Por no hablar -añaden- de la picaresca que ha aflorado y que se está sustanciando en una práctica que consiste en cobrar importantes cantidades económicas (hasta 250 euros) por un empadronamiento en una casa en la que no se vive. Para quien llega de otro país es fundamental estar empadronado para poder escolarizar a sus niños y cualquier otra gestión básica. En muchas ocasiones y ante estas dificultades, las entidades sociales ofrecen su domicilio para que los migrantes puedan recibir correspondencia administrativa, por ejemplo.

Aída es salvadoreña y llegó a España huyendo de la violencia de su país. Aída es salvadoreña y llegó a España huyendo de la violencia de su país. - Foto: Patricia
Nunca me importó la procedencia sino la persona y con ellos hay una gran sintonía» 
Salomé Esteban, propietaria

Frente a este territorio comanche del mercado de la vivienda, Burgos Acoge cuenta con varias herramientas. Por un lado, un programa específico en el que ayuda a las familias a prepararse para abordar una entrevista previa a un alquiler (y esto incluye concienciarles de que son clientes y que no les hacen un favor sino que van a pagar por un servicio); un sistema de alojamiento temporal con varias viviendas que cuentan con 28 plazas para personas solicitantes de protección internacional y otras 22 para distintos perfiles y la bien engrasada red de entidades no gubernamentales de la provincia con las que trabaja en equipo. «Estamos ahogados, esa es la verdad, y por eso trabajamos con nuestros compañeros de Cáritas, del CEIS o de Atalaya analizando qué recurso es el más adecuado para una persona que en ese momento tiene una mayor necesidad».

Y no se olvidan de la incidencia social y política: se han reunido con el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, y lo harán próximamente con la concejala de Servicios Sociales, Mila del Campo, aún sabiendo que ninguna de las dos instituciones a las que representan tienen las competencias en vivienda, que son autonómicas. «Cualquier sugerencia o intercambio de impresiones siempre nos viene bien y también nos fijamos y compartimos buenas prácticas que se hacen en otros municipios, aún sin competencias, y que se pueden copiar», afirman. Recientemente, en una campaña en redes Burgos Acoge buscaba propietarios de viviendas vacías que pudieran plantearse la posibilidad de ponerlas a disposición: «Creemos que el alquiler puede estar basado también en criterios de cercanía, beneficio mutuo y confianza», se afirmaba en la información compartida de móvil a móvil.

Precisamente la cercanía y la confianza, el respeto mutuo y la honestidad son cualidades que mandan en la relación que Salomé Esteban estableció hace ya cuatro años con la familia formada por Houhannes Khlghatyan, su mujer Anahit Vardanyan y su hija Mane, de origen armenio. Se marcharon de su país por una situación complicada y fueron acogidos por la madre de ella casada con un español de Lerma. Los primeros meses fueron difíciles pues aterrizaron poco antes de la pandemia, pero la pareja tenía muy claro que quería vivir en Burgos y que para hacerlo debía aprender el idioma y conocer y adaptarse a las costumbres españolas. Lo han hecho con toda su alma, según cuentan Marta Martínez Klett y Nuria Revilla, testigos de una evolución impecable que ha hecho no solo que ambos tengan trabajo sino que lleven cuatro años en la misma vivienda.

Tenemos una relación estupenda con el dueño de la casa, sin ningún problema» 
Aída Burgos, inquilina

Salomé es «más que una casera, una amiga», afirma la pareja, y ella les devuelve más piropos. Una malísima experiencia con unos inquilinos españoles hizo que se volviera escéptica y hasta se planteara no volver a alquilarlo. Pero conocía a Burgos Acoge y su forma de trabajar. Primero aceptó alquilarla a una mujer con su hija, ambas venezolanas, y la cosa fue muy bien. Después llegaron los Khlghatyan Vardanyan y reconoce que desde el primer momento hubo sintonía: «Jamás me ha importado la procedencia sino cómo es la persona». Cada quién sabe cuál es su lugar, conoce sus responsabilidades y las cumple, una receta infalible.

Aída Burgos es salvadoreña y llegó a España como solicitante de protección internacional. Antes de emprender el viaje fantaseaba sobre cómo sería su llegada al país y, animada por su apellido, buscó en internet imágenes de la ciudad. «Le pedí a mi pareja que cuando estuviéramos allí, fuéramos de visita. Así que cuando la persona de la ONG en Madrid nos dijo que teníamos dos plazas en Burgos lloré de la emoción». Tantas expectativas se han cumplido de sobra. Aquí ha encontrado tranquilidad, un empleo que adora en una residencia de ancianos -«nunca pensé que  iba a dedicarme a esto, yo trabajaba en el servicio de atención a estudiantes de una universidad» y, sobre todo, una casa cuyo propietario se ha comportado siempre «de una manera estupenda» a la que ella ha respondido de la misma forma, al punto de establecerse entre ellos también un clima extraordinario. «Es el fílin, que siempre tiene que establecerse en cualquier relación, en esta también. Y desde Burgos Acoge podemos ayudar», concluyen las responsables de la ONG.