El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sorprendió con la petición de celebrar el debate de política general a finales de marzo, cuando solo han pasado nueve meses desde el anterior. Fernández Mañueco acude a este tercer examen al que se somete en este final de la legislatura con un Gobierno en minoría, sin presupuestos pero con techo de gasto aprobado y sin acuerdos con la oposición, aunque sí con pactos con los agentes del Diálogo Social y con el tercer sector.

El acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno, del pasado 13 de marzo, recoge que es el momento oportuno para realizar un balance de los tres años de la legislatura, que comenzó en marzo de 2022 y finaliza legalmente a primeros de 2026, si no hay adelanto electoral, y plantear nuevas medidas en el último año del mandato, aunque también con suspense sobre lo que puede plantear.

Los grupos de la oposición leyeron la petición del presidente de la Junta en clave electoral, en especial el Grupo Socialista, cuyo secretario general, Carlos Martínez, pidió el pasado lunes que se adelanten los comicios autonómicos y gobierne la lista más votada, en una propuesta que ha tenido ya el rechazo de la Junta. 

Con ecos preelectorales se presentará el presidente de la Junta a la sesión conocida como debate del estado de la Comunidad, aunque el jefe del Ejecutivo ha insistido en que va a agotar la legislatura y que su Gobierno, aunque esté en minoría, es estable y funciona.

Fue precisamente dos semanas después del debate de política general de finales de junio de 2024, cuando Vox acordó salirse de los gobiernos de las comunidades que copresidía, entre ellos Castilla y León, pese a que en esa sesión Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo exhibieron unidad en la marcha de la coalición. 

Soltar lastre

Desde ese momento, el presidente de la Junta ha culpado a la dirección de Vox de la ruptura y a sus dirigentes de la Comunidad de hacer seguidismo de las órdenes que llegan de Bambú -la sede nacional del partido de Abascal-, pero a la vez ha soltado lastre con las medidas más polémicas recogidas en los ejes del pacto de gobierno.

La ley de concordia decayó después de que el PP dejara solo a Vox, con quien presentó el texto, y se uniera al resto de la oposición en el voto en contra de la toma en consideración en el pleno de las Cortes de finales de septiembre. Tampoco, se tiene rastro de otra polémica ley, incluida en el pacto de gobierno, como es la de violencia intrafamiliar. 

El presidente de la Junta ha empezado a encarrilar la relación con los agentes sociales, aunque siempre ha defendido que el Diálogo Social estaba vivo, y se han restituido las subvenciones nominativas a la participación institucional de CCOO y UGT, limitadas por el entonces consejero Mariano Veganzones, a cuyas "políticas nefastas" atribuye ahora el PP los autos judiciales de condena por esa decisión.

En el mismo mes de septiembre, Alfonso Fernández Mañueco suscribió una batería de acuerdos con los máximos representantes de patronal y sindicatos en el marco del Consejo del Diálogo Social en materia de vivienda, dependencia, educación y transición justa. 

Sin embargo, no se han podido aprobar los presupuestos para 2025 y están prorrogados los que acordó con su socio de Vox. Fernández Mañueco, en el plazo límite que le marca el Estatuto -15 de octubre-, presentó, que no aprobó, el techo de gasto y el anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad. Un montante de 15.084 millones, un 3,58 por ciento más. 

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, abrió varias rondas con los portavoces de la oposición -Vox decidió no acudir al no tener respuesta a sus propuestas-, pero sin acuerdo ni en la forma ni en el fondo. El Ejecutivo sacó adelante el techo de gasto, con la abstención socialista, como vía para el entendimiento. 

Sin embargo, los presupuestos no se aprobaron por el Consejo de Gobierno. Los grupos mantuvieron que las cuentas llegaran a las Cortes y allí se negociarán, pero la Junta siempre ha defendido que antes de su remisión debían pactarse. 

Anterior debate

En el debate de junio de política general, el presidente de la Junta anunció una rebaja fiscal del tramo autonómico del 9 al 8,5 por ciento, con la que se pretendía beneficiar a 1.300.000 ciudadanos y situaría a Castilla y León como la segunda comunidad con el tipo medio más bajo, pero no se ha materializado por la falta de nuevos presupuestos. 

Otro de sus anuncios en la misma sesión, fue un pacto social por las familias. Fernández Mañueco se reunió con asociaciones del tercer sector para avanzar en ese acuerdo, que preveían presentar antes de que finalizará 2024, junto con otro pacto de conciliación. 

La Junta mantiene casi una sequía legislativa en los textos comprometidos en ese debate, pues solo ha enviado a las Cortes el proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León. Fernández Mañueco ha ofrecido consenso a los grupos, en especial al Socialista, para su aprobación. 

En clave nacional, el Ejecutivo de Fernández Mañueco ha elevado el tono critico con el Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez, por la financiación singular para Cataluña, la condonación de la deuda a las comunidades o el reparto de menores inmigrantes no acompañados en los territorios. Con anuncios ya de posibles recursos. 

El debate llega en un acercamiento de PP y Vox en la Comunidad valenciana y posible réplica en otras comunidades como Aragón o Murcia. Sus antes socios en Castilla y León esperan que el presidente de la Junta siga la estela y ofrezca retomar el acuerdo para concluir la legislatura.

Fernández Mañueco se encontrará cambios en las filas de Vox, pues quien era su portavoz tras salir del Gobierno, Juan García-Gallardo, renunció al acta y abandonó la política el pasado mes de febrero, sustituido por David Hierro. En el Grupo Socialista, se mantiene Luis Tudanca, aunque relevado en la Secretaría General del PSCyL por Carlos Martínez. 

El debate sobre política general de la Junta de Castilla y León es obligatorio como recoge el Reglamento de las Cortes. Tiene carácter anual y su celebración está reglada durante el segundo periodo ordinario de sesiones, por lo que ha sido habitual a finales de junio para cerrar el trabajo en la Cámara. 

Está excluido en el año en que corresponda celebrar elecciones a las Cortes de Castilla y León, y en aquel en que se haya debatido en las Cortes una investidura, una moción de censura (como ocurrió en 2021) o una cuestión de confianza. Es su cuarto debate de política general desde que es presidente. Los anteriores fueron en junio de 2020 y 2024, y en octubre de 2023, aplazado por los comicios generales de julio de ese año.