El asesinato de Francis Frías no es la única causa que tienen Harry A.H.P. y Yordani J.L., los dos condenados por estos hechos ocurridos en marzo de 2022. Ambos también estaban acusados de participar activamente en los disturbios ocurridos en octubre de 2020 en Gamonal. De hecho, la vista oral estaba programada esta semana en la Audiencia Provincial y llegaron a sentarse en el banquillo, pero el Ministerio Fiscal advirtió de que no era el órgano competente para decidir sobre su culpabilidad e interesó la suspensión del juicio sin que las defensas se opusieran. Ahora será un juzgado penal el que se encargue del caso, pero podría tardar al menos un año.
Según recoge el escrito del Ministerio Público, Harry A.H.P. se encontraba junto a Yordani J.L. en la confluencia entre la calle Vitoria y Juan Ramón Jiménez la noche del 30 de octubre de 2020. Nada más terminar una protesta no autorizada convocada por grupos negacionistas del coronavirus, comenzaron unos disturbios en los que los manifestantes lanzaron piedras y adoquines a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y quemaron y volcaron contenedores a modo de barricadas.
Los acusados, sostiene el fiscal, participaron activamente en esta revuelta «con el propósito de alterar la convivencia ciudadana». En un momento dado, se acercaron a una tapia próxima al número 247 de la principal arteria de Gamonal para armarse de ladrillos. A su vez, movieron contenedores y avivaron el fuego para dificultar las labores de los agentes de la Policía Nacional. En ese momento, un vecino que se dirigía a su casa les vio y les recriminó su actitud.
Tanto Harry A.H.P. como Yordani J.L. se encararon con el hombre de manera agresiva. Acto seguido, le lanzaron los ladrillos «con ánimo de menoscabar su integridad física» para después refugiarse en la vivienda de uno de ellos. La víctima sufrió varias heridas en la nariz y en el codo, así como numerosos hematomas y abrasiones superficiales por las que recibió atención sanitaria. Además, le destrozaron las lentes de sus gafas.
Por estos hechos, que la acusación pública califica de delito de desórdenes públicos y de lesiones leve, ambos procesados se enfrentan a dos años y seis meses de prisión. Al modificarse recientemente la pena máxima de 6 a 5 años, la Audiencia ha dejado de ser competente y pasa a un Juzgado Penal, que será quien asuma la causa. Dado el volumen de trabajo que soportan los tres órganos, lo más seguro es que el juicio no se celebre hasta dentro de un año.