El fraude en las bajas laborales ha existido siempre, pero ha crecido en la medida en que las incapacidades temporales se han disparado tras la crisis de la pandemia. Burgos no es la excepción, de hecho, empresas -grandes, medianas y también pequeñas- se ven en la obligación de contratar los servicios de detectives privados para intentar destapar a los defraudadores con pruebas fehacientes y con el objetivo último de lograr su despido. El único ámbito que, por ahora, se salva de estas pesquisas es sobre el que más sospechas recaen: las administraciones públicas.

En el Registro Nacional de Seguridad Privada figuran dos despachos de investigadores establecidos en Burgos, aunque en el territorio podrían operar los en torno a 1.200-1.500 detectives con licencia activos en España. Su actividad, regulada en la Ley de Seguridad Privada, es supervisada e inspeccionada por la Policía Nacional, lo que, entre otros beneficios, evita cualquier tipo de intrusismo en una operativa siempre compleja y muy sensible.

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