La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Miranda tienen entre manos la ejecución del plan antirriadas. La administración regional encabeza el proyecto y asumirá la mayor parte de la inversión gracias a fondos europeos, aunque hay un tercer agente público que debe autorizar lo que se haga: la Confederación Hidrográfica del Ebro. El problema está en que la CHE desconoce qué se hará finalmente, porque como reconocen desde el organismo el permiso que emitieron corresponde a la actuación valorada en 4,6 millones de euros, algo que ya se ha descartado y recortado hasta los dos millones. Por este motivo, en la entidad que protege la cuenca puntualizan que desde Valladolid deben volver a solicitar su visto bueno.

En la CHE detallan que si el proyecto inicial se ejecutase, incluso en varios plazos, valdría con el permiso solicitado en el inicio de 2024 y que el organismo regulador completó en febrero de este año, cuando la Junta y el Ayuntamiento ya habían hecho público que iban a rebajar su plan inicial. Ahora, la CHE debe primero conocer el documento final y luego permitir o no las obras. Tampoco parece que haya problemas para obtener el consentimiento, ya que las medidas que ahora pretenden ejecutar ya se incluían en el documento anterior. 

En todo esto, lo relevante es que la inversión ha cambiado y la mejor prueba que de que ha sido así es que la Consejería de Medio Ambiente acaba de adjudicar la redacción de otro, cuando en julio de 2023 encargó el primer diseño. Lo que no aclaran del todo desde la Confederación es que pasará con pasos como la exposición pública y el periodo de presentación de alegaciones. Con el primer plan se tuvo en el escaparate seis meses, por lo que si hay que repetir este paso, la actuación sufriría un retraso.

Más allá de autorizar el plan de la Junta, en la CHE sí que reflexionan sobre las consecuencias del recorte respecto a la idea inicial. En el organismo apuntan que «todo lo que no sea materializar lo autorizado, supondría la pérdida de garantía» para la población. En la Confederación hacen hincapié en este punto, ya que recuerdan que sus técnicos redactaron en 2020 un estudio, que protegía a Miranda ante avenidas previstas cada diez años, con un caudal de 1.124 metros cúbicos por segundo, un dato que el regulador considera «muy positivo».

En la CHE puntualizan que la Junta usó como base su informe, aunque ya lo redujo ligeramente en la actuación de 4,6 millones de euros, pero en el organismo regulador opinaban que cumplía las expectativas. Ahora, queda la duda de saber hasta qué punto protegerá el nuevo plan antirriadas, porque de momento la Confederación no lo ha calculado, básicamente porque no se les ha presentado el proyecto de lo que se mantiene y lo que no para proteger a la ciudad ante las avenidas extraordinarias.

Lo que está claro es que la inversión para ejecutar el plan se ha reducido a la mitad. En el Presupuesto de 2025 se especifica que el compromiso de la Junta pasa por invertir 1,6 millones de euros y el Ayuntamiento sumará 320.000 euros. La rebaja respecto al precio inicial tiene que ver sobre todo con la eliminación de las pantallas desmontables y los muros para frenar la entrada de agua en las calles más céntricas. Sí que se colocarán motas en algunos puntos más apartados y sobre todo se elevará la rasante de la calle Ronda del Ferrocarril en su cruce con Arenal.

Ayuntamiento. El problema con la tramitación del proyecto implica a la Consejería, porque actúa como promotora de las principales obras, aunque el Ayuntamiento de Miranda también debe de ejecutar una parte, la que se financiará con los 320.000 euros que saldrán de las arcas municipales. En este sentido, desde la CHE puntualizan que no han recibido ninguna comunicación, aunque en este caso tampoco extraña, ya que desde el departamento de Urbanismo valoran colocar alguna mota o limpiar las riberas, aunque queda por decidir qué hará la administración local.