Nuclenor recurrirá ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la resolución adoptada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que considera responsable a la empresa de una infracción de acuerdo con lo dispuesto en el Art.60 a) 20 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico (LSE), penada con 18,4 millones de euros. Este recurso se basará en los argumentos que Nuclenor ya ha defendido durante el proceso administrativo que comenzó el 25 de julio y en el que la CNMC acordó iniciar un expediente sancionador por la parada del reactor de la Central Nuclear de Santa María de Garoña.
En su momento, Nuclenor presentó alegaciones al citado expediente justificando que la parada que realizó en diciembre de 2012 estaba incluida en sus competencias y que no se requería autorización especial para dicha acción. Los principales argumentos que expone en su recurso son en primer lugar que la decisión de Nuclenor de parar la central fue una decisión "responsable y la única salida viable a la situación de insolvencia creada por la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética".
Asimismo, la empresa estima que "Nuclenor cumplió con lo exigido en la LEN, comunicando al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) y al CSN la parada de la central y el cese de la explotación El cese de la explotación, comunicado por Nuclenor el 28 de diciembre de 2012, cumplía además la condición de "deberse a causas imprevistas", contemplada en la autorización vigente en esa fecha. La Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, que establecía el impuesto sobre combustible nuclear gastado, se consideró una causa del todo "imprevisible e imprevista", de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada.
Así, el comuncado añade que la decisión de parar la central el 14 de diciembre de 2012 se adoptó "para cumplir con sus obligaciones societarias dado el quebranto económico que suponía para la Sociedad y el riesgo de incumplir lo establecido en la LEN, que requiere que el titular cuente con medios económicos-financieros para garantizar la ex plotación segura". Es decir, "lejos de ahorrarse 150 millones de euros, lo que hizo Nuclenor fue salvaguardar el patrimonio de la sociedad y los derechos de los trabajadores, permitiendo de esta manera mantener una plantilla de más de 600 personas entre empleados de Nuclenor y de empresas colaboradoras.
La empresa estima que este hecho se ha producido en un año en el que la central no ha tenido un solo ingreso por estar parada. Por lo tanto, Nuclenor no trató de eludir el pago de un tributo, sino salvaguardar su situación económico-financiera cumpliendo así con la normativa.