Todos los municipios del país están obligados a empezar a retirar las partes compuestas por fibrocemento de sus edificios para cumplir con la normativa aprobada hace un año, en abril de 2022. Miranda no es una excepción y el departamento de Obras ya ha dado algunos pasos para encaminar estos trabajos. Sin embargo, el concejal responsable, Adrián San Emeterio, advierte que todavía no pueden acometer las intervenciones porque el Ayuntamiento de la ciudad del Ebro carece de los medios económicos suficientes. Ahora bien, anticipa que están «muy atentos» a las convocatorias de subvenciones que vayan apareciendo y se enfoquen a la eliminación del amianto, un material cancerígeno. 

El edil de Obras y Servicios comenta que trabajará con «los técnicos municipales cuando aparezcan subvenciones» para poder diseñar un plan que se ajuste a los requerimientos. En ese momento se encargarán de determinar qué edificios deben catalogarse como «urgentes, prioritarios o más sencillos» y así iniciar el «largo» proceso, que debe concluir antes del año 2028 en el caso de los inmuebles públicos. En este sentido, no se cerrará ninguna puerta, por lo que San Emeterio aclara que «da igual que las ayudas sean regionales, estatales o europeas», pues lo importante reside en que «se necesita un dinero que ahora mismo no se puede cubrir». 

El concejal socialista apunta que ya disponen del «objetivo», pero no de la financiación. Sin embargo, reconoce que el Consistorio de Miranda está dispuesto a «utilizar fondos propios» para aquellas intervenciones que tengan un carácter reducido. Por ejemplo, San Emeterio explica que «no es lo mismo renovar un tejado de sesenta metros cuadrados que un edificio entero» y, además, anticipa que el número total de bloques resulta elevado. Según dice, «son muchos, no media docena».

Entre ese largo listado de construcciones afectadas por el uso de amianto y sus derivados, sobre todo, en las cubiertas hay una gran cantidad de bloques que no dependen del Ayuntamiento. Muchos de los edificios en los que se debe intervenir para retirar este material cancerígeno pertenecen a propietarios particulares o comunidades de vecinos. Sobre esta categoría de inmuebles, San Emeterio comenta que «a los que sean privados se les notificará en su momento y, si es lo que corresponde, tendrán que hacer sus trabajos». Desde el punto de vista del edil del PSOE, «no sería justo que el Ayuntamiento pague la sustitución del tejado en un edificio, una huerta o un chalé».

En cualquier caso, por ahora lo único que posee en firme la administración mirandesa se resume en un catálogo de los edificios que contienen este material, aunque el departamento de Obras todavía no lo ha revisado «en profundidad» y tampoco ha concretado un calendario de actuación. Para poder reunir la información sobre los bloques afectados, el Ayuntamiento invirtió en torno a 10.000 euros en la contratación de una empresa privada que utilizó medios como las imágenes de satélite y registros catastrales, entre otros.