La situación económica de muchos pequeños negocios en España, a raíz primero de la crisis de 2008 y después de la pandemia, se agravó de tal forma que no solo les llevó al cierre sino que también quedaron atrapados por sus deudas, unas propias y otras motivadas por los impagos de sus clientes, que les impedían salir adelante al verse en la ruina.

Para evitar que se perdiera este capital empresarial, el Gobierno aprobó en 2015 la Ley de Segunda Oportunidad, que ha permitido a más de 25.000 autónomos continuar con sus actividades liberándose de la mayoría de sus deudas.

Se trata de un mecanismo legal diseñado para ofrecer a particulares y autónomos la posibilidad de reestructurar o cancelar deudas cuando se encuentran en una situación económica insostenible. Una norma que posibilita que personas físicas, no empresas, que no puedan hacer frente a su morosidad puedan renegociar lo que deben o, incluso, exonerar buena parte de las deudas, siempre que cumplan ciertos requisitos legales. 

En el caso de los autónomos, esta norma es especialmente relevante para evitar la quiebra, ya que son personas que suelen asumir riesgos y pueden acumular un pasivo alto no solo personal, sino también derivado de su actividad.

Los sectores que más se han acogido a estas medidas de gracia son, principalmente, aquellos vinculados con el comercio, la hostelería y el turismo, que fueron los más azotados por la COVID-19. Muchos de estos emprendedores sufrieron pérdidas debido al cierre de sus negocios y las restricciones económicas, lo que les llevó a un endeudamiento del que no podían salir por sus propios medios económicos. 

Los profesionales por cuenta propia relacionados con servicios, como peluquerías, gimnasios y pequeños comercios, están dentro de los beneficiarios de esta segunda oportunidad, dado que sus ingresos cayeron significativamente. Por otro lado, actividades como transporte y construcción también se vieron representadas entre los emprendedores que recurrieron a este proceso para evitar la insolvencia y poder seguir operando o, incluso, iniciar nuevos proyectos tras la condonación de la mayoría de sus descubiertos.?

Los economistas consideran que el número de beneficiarios es relativamente bajo comparado con la cantidad total de autónomos que lo perdieron todo lo que, a su juicio, sugiere que muchos aún no conocen o no han accedido a este recurso legal.

 La norma permite eximir hasta 10.000 euros con Hacienda y otros 10.000 euros con la Seguridad Social. En total, un autónomo puede librarse de hasta 20.000 euros en deudas con las administraciones públicas. Y con respecto a la morosidad con empresas privadas, no hay un límite específico. Esto incluye préstamos, hipotecas y otras obligaciones financieras con entidades bancarias o proveedores. Sin embargo, el deudor debe cumplir con los requisitos de buena fe y demostrar insolvencia genuina para que el juez permita la dispensa.

Asimismo, para poder acogerse a la ley, el profesional debe tener una morosidad que no exceda de los cinco millones de euros, y debe estar en una situación que le impida liquidar sus obligaciones.

En este marco, las cantidades eximidas, incluidas aquellas relacionadas con deudas públicas como las que se tienen con Hacienda o la Seguridad Social, no tienen que ser devueltas. Una vez que el juez aprueba el impago del pasivo insatisfecho, el débito exonerado se cancela de manera definitiva.

Cambios previstos

Para 2025, se esperan varios cambios legales muy importantes, algunos de los cuales ya han empezado a debatirse este año en curso. Uno de ellos, tiene que ver con la posible eliminación de la exclusión de las deudas con Hacienda y Seguridad Social. Esto depende de una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, si se aprueba, permitiría que más autónomos se liberen de deudas públicas.

Otra posible reforma se refiere a los concursos que afectan a aquellos autónomos que ya no cuentan con patrimonio para liquidar con el fin de que puedan acogerse a esta medida y seguir con sus negocios.

Finalmente, se están considerando modificaciones para evitar el abuso del sistema, especialmente en casos donde los deudores con múltiples créditos o infracciones graves se hayan aprovechado la ley.