Dos meses después de la ruptura de los gobiernos autonómicos del PP y Vox, la tensión entre los dos partidos sigue en aumento. Las ya insalvables diferencias en la política nacional y regional cada vez están más presentes en el ámbito local y prueba de ellos es que ayer los dos socios del Ejecutivo de coalición en el Ayuntamiento de Burgos no quisieron disimular en el Pleno sus discrepancias pese a no tener necesidad de exponerlas públicamente. Pero hay más. El vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, defendió, en declaraciones a este periódico, que en el caso hipotético de que su formación decidiera romper los pactos en los ayuntamientos por no aprobarse la Ley de Concordia, «respaldaré lo que diga mi partido, al que le debo lealtad. Eso está claro».

Martínez-Acitores aseguró «no tener constancia a día de hoy» de que los pactos en los ayuntamientos estén en juego, aseguró que «me gustaría» terminar el mandato con el PP pero antepuso los intereses de su partido a la supervivencia del Gobierno de coalición. Recordó también que hay algunos puntos del pacto firmado entre los dos partidos que no se están cumpliendo.

Si bien en otros momentos de la legislatura las diferencias se quedaban en cuestiones de marcado carácter ideológico, como las relativas a las ayudas a cooperación al desarrollo, la Zona de Bajas Emisiones, las restricciones a las salas de apuestas o la política migratoria, en esta ocasión Vox va un paso más allá porque habla de incumplimientos en el pacto de Gobierno. Y no solo eso, el líder de Vox en el Ayuntamiento de Burgos afirma también abiertamente que «tenemos la sensación de que el PP está dando prioridad a sus temas» frente a los que impuso su partido en ese pacto bautizado como el 'Acuerdo por Burgos'.

Recordó que en uno de esos puntos figuraba el compromiso de «elaborar y presentar un Plan Integral de apoyo económico, social y cultura a la Familia, con especial atención a la natalidad y a las familias numerosas durante el primer año de mandato» y nada se ha hecho al respecto.

Pese a que Martínez-Acitores es el concejal de Familia, recordó que «el PP tiene once concejales y nosotros cuatro» y ejemplificó otros puntos en los que no se han producido avances como son los relativos a la implantación de un sistema de calidad total en elAyuntamiento o la aprobación de un Plan contra la okupación de viviendas y de apoyo a las víctimas.

Aunque la alcaldesa, Cristina Ayala, y Martínez-Acitores se esforzaron por ofrecer una imagen de unidad al afirmar que el pacto «no está en riesgo» tan solo veinticuatro horas antes, lo cierto es que ayer ambas formaciones demostraron de nuevo que el equipo de Gobierno tiene fisuras. Para empezar no parece lógico que los partidos que gobiernan lleven proposiciones al Pleno para instarse a sí mismos a adoptar acuerdos que pueden hacer sin ese trámite al tener mayoría. Y menos aún que lo hagan para votarse en contra el uno del otro o mostrar una abstención que igualmente muestra las diferencias de los socios.

Si en el Pleno que se celebró hace quince días ya exhibieron sus diferencias en relación a las casas de apuestas, ayer la excusa llegó cuando Vox presentó una proposición para instar al Gobierno municipal a movilizar el patrimonio público del suelo e impulsar la construcción de viviendas de protección oficial.

El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso (PP), reconoció el «complicado papel» que le tocaba a la hora de apoyar la propuesta de sus compañeros al presentarla, según señaló, «sin datos objetivos sobre la demanda de este tipo de viviendas» y «trasladada» desde el partido a nivel nacional. De hecho, pidió a Vox que retirara la proposición para crear un grupo de trabajo con todos los grupos municipales y abordar el problema de la vivienda en la ciudad en «todos los aspectos». «Debemos hacer un debate en profundidad sobre qué queremos para los burgaleses en esta materia sensible y no actuemos en función de criterios generales que no son de aplicación a Burgos», indicó Manso, pero Vox hizo oídos sordos.

El PSOE se posicionó con el PP al considerar que la vivienda es un tema de «calado». Su concejal Julio César Arnaiz subrayó que el patrimonio municipal del suelo no «sirve de paliativo y solo un cambio de modelo que no considere la vivienda como un producto de inversión sino como un bien de primera necesidad puede ofrecer una solución real a medio plazo», apuntó.

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