Tras más de cinco años de instrucción y de dilaciones provocadas por la resolución de infinidad de recursos presentados por las defensas, la Audiencia Provincial de Burgos ya ha fijado fecha para la celebración del juicio contra la exgerente del Colegio de la Abogacía, María Teresa Gallego, y su hermano Juan Antonio por el supuesto desvío de fondos de la entidad colegial a cuentas bancarias en las que ambos figuraban como titulares o autorizados. La Sección Primera ha reservado seis días del mes de junio de 2026 en los que ambos se sentarán en el banquillo acusados de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental. Se enfrentan a penas de prisión que van desde el año y nueve meses a los doce años.

Si nada cambia de aquí a poco más de un año, los hermanos Gallego se sentarán en el banquillo de los acusados del 8 al 15 de junio de 2026. La reseñable duración de la vista oral viene derivada de la gran cantidad de testigos que pasarán por la sala, pues están llamados a declarar alrededor de 40 personas.

El Ministerio Fiscal considera acreditado que Teresa Gallego aprovechó su cargo como gerente del Colegio de la Abogacía, entre 2010 y 2019, para desviar durante todos esos años cerca de 340.000 euros de los fondos a cuentas de las que era titular. En su escrito de acusación, sostiene que llegó a cabo disposiciones en efectivo en su propio beneficio por valor de 309.070,82 euros.

Al respecto, enumera diferentes transferencias con cantidades que van desde los 190 euros a los 60.000 a cuentas cuya titularidad era la sociedad mercantil Camino Mirabueno, constituida por la acusada y su madre, la cual también figura en otros depósitos corrientes a los que, presuntamente, desvió fondos. Constan, además, operaciones realizadas a una cuenta bancaria cuya titular era su sobrina y en la que su hermano Juan Antonio figuraba como autorizado. Por otro lado, libró cheques al portador para pagos a Correos, si bien se quedó con la diferencia. Igualmente recoge diferentes cargos al Colegio de la Abogacía para compras, suscripciones y contratos de telefonía que efectuaba para ella o para personas de su entorno. En este caso fueron 2.368, 62 euros.

El Ministerio Público también la acusa de liquidar con el órgano colegial pagos efectuados con su tarjeta de crédito presentando cantidades superiores a las abonadas. Esto le supuso un beneficio de 30.278 euros. Entre otras cosas, constan liquidaciones tras adquisiciones en floristerías o empresas de cátering para la organización de eventos. Cabe resaltar que este dinero ya ha sido retenido.

Según indica la Fiscalía, «la distracción de tan elevada cantidad de dinero habría sido detectada sin un soporte documental que aparentara la realidad de los pagos». Dicho lo cual, concluye que aportó datos «inciertos» para la contabilidad. En este punto, el Colegio de la Abogacía, que ejerce la acusación particular, puntualiza en su escrito que era tal su control, que facilitaba los apuntes contables a la empresa de asesoría fiscal, era quien proporcionaba toda la información y quien realizaba la liquidación provisional. Unas gestiones de las que informaba puntualmente a la Junta de Gobierno, cuyos integrantes confiaron «plenamente en ella».

En este sentido, y pese a que hacen un relato prácticamente calcado al de la acusación pública, los abogados cifran en 840.000 euros el desfalco de Teresa Gallego a las arcas del órgano colegial. Un desvío para el que consideran cooperador necesario a su hermano Juan Antonio. «Ha venido colaborando de manera decisiva con María Teresa, aportando una conducta sin la cual no hubiera distraído los fondos», sostienen.

El Ministerio Fiscal pide para Teresa Gallego nueve años de prisión, mientras que para su hermano solicita un año y nueve meses. Por su parte, el Colegio de la Abogacía eleva las penas hasta los 12 años en el caso de la exgerente y cuatro para Juan Antonio. Este último, cabe recordar, figura en la última lista de morosos de Hacienda, publicada en junio de 2024, con una deuda cercana al millón de euros.