La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha resuelto reconocer el derecho de 4.000 trabajadores de las cuatro universidades de la región (personal docente y de investigación) a percibir parte de la paga extraordinaria que el Gobierno  el retiró en un Real Decreto firmado el 15 de julio de 2012. La Federación de Enseñanza de UGT, que planteó la demanda ante el Alto Tribunal Regional, también solicitaba que planteara una cuestión de inconstitucionalidad sobre aquella decisión gubernamental, una pretensión que desestima la Sala de lo Social.

El TSJ de Castilla y León, en una sentencia notificada a las partes el jueves, y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, considera que los más de 4.000 trabajadores de las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, tienen derecho a una parte de la extra. En concreto exige se reconozca a los empleados afectados el derecho a percibir la parte proporcional de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 por el periodo de 1 de junio al 14 de julio de 2012 en un devengo semestral o bien por el periodo de 1 de enero a 14 de julio de 2012, en un devengo anual, según recoge el falle juidicial.

En cuanto a la inconstitucionalidad de la supresión de esa paga extraordinaria, la Sala de lo Social considera que existe un «presupuesto que habilita al Gobierno para dictar el Decreto Ley cuestionado». Y es que, continúa argumentado la sala, «una materia reservada a ley ordinaria no excluye necesariamente la regulación extraordinaria y provisional mediante Decreto Ley». Tampoco aprecia el Alto Tribunal una «infracción del derecho a la negociación colectiva por aplicación directa del principio de jerarquía y prevalencia de la Ley frente al convenio».

El pasado 14 de julio entraba en vigor el Real Decreto 20/2012 en el marco de las medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria del Estado. En esa fecha los cerca de 4.000 trabajadores del personal docente y de investigación supieron que el Gobierno les iba a suprimir la paga extra correspondientes al período de Navidad de 2012. Por esta causa el personal de las 4 universidades públicas de la Comunidad autónoma se movilizó y decidió recurrir la norma para que, en primer lugar, se les abonara la cantidad que les corresponde respecto al ejercicio de 2012, y por otro parte para que se declare la inconstitucionalidad de la norma. Esta pretensión no ha sido atendida. Esta sentencia puede ser la primera de otras muchas que afectan a distintas administraciones de la región (ayuntamientos, diputaciones, etc), pues la demandas de sus empleados públicos van llegando al TSJ