Hay dos cuestiones que preocupan seriamente a las instituciones encargadas de velar por las víctimas de violencia machista. La primera es que el perfil de quien la comete como de quien la sufre es cada vez más joven. De hecho, las últimas encuestas publicadas reflejan que muchos adolescentes no terminan de identificar esas señales que preceden al maltrato. Y lo que es peor, comienzan a negarla. La segunda está indirectamente ligada. Pues en todo ese proceso, desde las primeras señales (hostigamiento, control, etc.) hasta incluso después de una sentencia condenatoria, aparece internet. Más concretamente su mal uso. Esto es algo que agrava el problema y también dificulta las investigaciones.
Es la propia titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer, Teresa Gonzalo, quien advierte de esta preocupante tendencia. Ya no es sólo que a los tribunales lleguen más casos de maltrato. Es su complejidad. No duda, por tanto, en plantear la necesidad de que una provincia como Burgos cuente con un segundo órgano especializado en este tipo de delitos.
Los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial corroboran esa tendencia de la que habla la magistrada. Sólo en el tercer trimestre de 2024 se denunciaron 373 casos de violencia de género en la provincia de Burgos. Casi un 60% son agresiones, lesiones y maltrato físico cometido contra las mujeres. Sin embargo, el número de quebrantamientos de condena sigue su particular repunte y es la segunda tipología más frecuente que se trata en los juzgados. Y es aquí donde internet y las redes sociales más entran en juego.
En realidad, aclara Gonzalo, ya desde los primeros signos se ve cómo el mal uso de las nuevas tecnologías agrava la problemática. «Me atrevería a decir que en el 80% de asuntos parte de la comisión delictiva se llevan a cabo a través de internet. Es decir, que más allá de que pudiera haber una agresión física, también tenemos amenazas, coacciones, injurias o delitos contra la intimidad que se dan en redes sociales», asegura.
La conclusión es que el uso abusivo de dispositivos como el teléfono móvil «favorece la comisión de delitos de violencia contra la mujer». Esta circunstancia es la que, añade, hace que los casos sean «mucho más complejos de investigar» y, además, «amplifica el daño a la víctima».
Cuando se habla de un incorrecto uso, o de que sea abusivo, son muchas las cuestiones que preocupan a la jueza, pero a también a la Fiscalía, pues ya lo puso de manifiesto en su última memoria. El control que ejercen algunos hombres a sus parejas también está íntimamente relacionado a esta cuestión. Las vigilancias de conversaciones de Whatsapp, o en Facebook, o en Instagram, son el principal ejemplo.
Por otro lado están los hostigamientos que se realizan a través de las plataformas de mensajería. Un acoso que en muchas ocasiones se hace determinante para que la mujer se decida a poner una denuncia en la Comisaría o directamente en los Juzgados. El problema es que este tipo de comportamientos no cesan ni siquiera cuando hay una sentencia condenatoria, sino incluso cuando hay de por medio una prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima.
«Los quebrantamientos de condena han aumentado mucho y son un porcentaje muy elevado de los delitos. La prohibición de acercamiento se rompe con demasiada facilidad y, a veces, las víctimas sienten cierta indefensión porque es complejo a la hora de investigar y acreditar», reconoce Teresa Gonzalo. Por un lado, por el anonimato que brinda internet a los agresores. Por otro, por la dependencia social, y por ende de las víctimas, hacia las nuevas tecnologías. «Nadie concibe salir de casa sin móvil y cualquier aplicación puede ser una vía para que un penado siga comunicándose con ella», apostilla.
La magistrada reconoce que, además de la complejidad de estos casos a nivel de investigación hay algunas carencias en los sistemas que ayudan a proteger a las víctimas. Un ejemplo es el formulario que cumplimentan los cuerpos policiales para determinar el nivel de riesgo en el sistema Viogen. «Se rellenan una serie de ítems predeterminados por un programa informático que no coinciden cuando se practican una serie de pruebas a nivel judicial. La valoración no puede hacerse de manera automatizada, porque conduce a errores. Hay que valorar las circunstancias de cada asunto», opina. También considera mejorable el sistema de las pulseras, pues es un elemento que «ayuda», pero que cuenta con «numerosos problemas técnicos que obligan a movilizar recursos innecesariamente y no favorece a la tranquilidad de la víctima».