Los técnicos del Órgano de Gestión Tributaria declinan toda responsabilidad en el daño patrimonial (por la pérdida de ingresos o por el incremento del gasto corriente) que pueda producir la situación de carestía de medios humanos que padece desde su creación. Así lo denunció ayer la concejala socialista Carmen Hernando y así ha quedado plasmado en más de una docena de escritos que se vienen dirigiendo al equipo de Gobierno, y especialmente a la Concejalía de Personal, en los últimos años.
El problema radica en que dicho órgano tenía asignadas 83 plazas en el año 2008, mientras que en 2012, el último cerrado, fueron 72. Sin embargo, el crecimiento del trabajo en la sección ha sido exponencial, como se demuestra en los informes en los que se refleja que, por ejemplo, el número de expedientes por compensaciones tramitado en 2008 fue de 6, mientras que en 2012 fueron 78. Los de aplazamiento o fraccionamiento de impuestos han pasado de 674 a 1.214.
Y a eso hay que sumar las cientos de reclamaciones presentadas ante el Tribunal Económico Administrativo (TEA), que antes deben ser preparadas en este Órgano, y el convenio con la Agencia Tributaria para embargar bienes a los morosos, la revisión trimestral del cumplimiento del Plan de Ajuste subsidiario del ‘plan Montoro’ y hasta la elaboración de las nóminas de los concejales, aspecto por el que también se solicitó por escrito que esta carga de trabajo la lleve Personal.
«Entre los muchos puestos que no se han cubierto están dos de los cuatro técnicos de habilitación estatal, que son los jefes de Tesorería y de Recaudación Ejecutiva», concretó Hernando. Para ciertos procedimientos, el concurso de estos funcionarios es de obligado cumplimiento.
Para la edil, es un ejemplo de cómo «se están deteriorando los servicios municipales» y recomendó al equipo de Gobierno que «en vez de subir impuestos de manera desorbitada se aseguren de que el Ayuntamiento funciona de forma eficaz». Además, hizo extensiva esta situación a Intervención, cuyos cometidos son tan críticos como la fiscalización de lo que se hace con el dinero.
contrato. Por otro lado, Hernando denunció que la Comisión de Hacienda celebrada ayer sirvió para conocer que «se ha adjudicado el contrato del servicio de prevención de riesgos laborales a la empresa más cara» y, de nuevo, atendiendo a criterios subjetivos. Esto tendrá un coste, respecto a la siguiente oferta, de 42.000 euros en seis años.