El anuncio por parte de China de que abre una investigación sobre el sector porcino europeo ha caído como un jarro de agua fría en la poderosa industria cárnica local, desde las decenas de granjas productoras repartidas por la provincia, pasando por el principal centro de sacrificio de Campofrío en Villalonquéjar y extendiéndose también a toda la cadena de grandes almacenes frigoríficos industriales, así como a la terminal logística de Villafría, adaptada para la conservación, la manipulación y el transporte de las toneladas de despojos que Burgos envía al año al gigante asiático.

Las partes menos nobles del cerdo -que incluso son desechadas por el consumidor nacional- han constituido un jugoso negocio de más de 400 millones con China en las últimas dos décadas y, por extensión, uno de los capítulos más abultados de la balanza comercial provincial, dimensión acorde con los 1.400 consumidores de estos alimentos al otro lado del planeta.

Tanto el gestor de este negocio  exportador, la multinacional Campofrío, como la red de granjas que le abastecen, así como la cadena de almacenes frigoríficos han recibido el 'aviso' chino con suma preocupación, nerviosismo y con mucha perplejidad, pues se trata de una respuesta a la subida de aranceles por parte de Europa a la importación de los coches eléctricos chinos, es decir, una guerra comercial en la que nada tiene que ver el cerdo, algo que no ven justo.

Campofrío ha derivado a Anice, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, todas las valoraciones sobre el contencioso con el principal mercado mundial y el director general de este colectivo, Giuseppe Aloisio, se ha apresurado -a través de estas páginas- a lanzar un mensaje de tranquilidad, pues estamos ante una investigación abierta por el Gobierno chino, más en concreto por la Asociación de Ganadería Porcina de China, que puede prolongarse por espacio de 18 meses y cuyos resultados «están aún por ver».

Lo que buscan los asiáticos son supuestas prácticas de dumping por parte de los operadores europeos, es decir, si se han realizado intercambios comerciales por debajo de los precios de coste y si esos diferenciales han sido cubiertos con ayudas públicas europeas.

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