Tras los expedientes abiertos por la tardanza en la llegada de la maquinaria y por el retraso en la implantación del sistema de recogida de residuos puerta a puerta en los polígonos industriales, el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos ha iniciado un nuevo procedimiento de imposición de penalidades contra Urbaser, la empresa encargada del contrato de basuras. En esta ocasión, por incumplimiento del artículo 130 del pliego de prescripciones técnicas, que obligaba a disponer de tres cuartelillos nuevos (a sumar a los cuatro existentes) «distribuidos en emplazamientos estratégicos de acuerdo a la sectorización de la ciudad». 

Los cuartelillos son espacios que sirven para guardar pequeña maquinaria, para que los trabajadores se cambien y que funcionan como punto de inicio y final de la jornada laboral. En la propuesta de acuerdo del inicio de las penalidades se le recuerda a la empresa que era su obligación tener operativos estos espacios desde el inicio del contrato (en abril de 2022) y la realidad es que «a 30 de octubre de 2024 el nuevo cuartelillo de la zona de Fuentecillas se haya sin acondicionar adecuadamente, por lo que no está apto para su uso».

La sanción en comparación con el importe del contrato es ínfima que se propone una penalidad de 6.000 euros a Urbaser. Una cantidad mínima si se tiene en cuenta que la ciudad paga al año por la prestación de este servicio 16 millones de euros (impuestos incluidos).

Cabe recordar que el Servicio de Medio Ambiente llegó a plantear en su día una sanción muy dura a Urbaser de 3.000 euros al día por el retraso en la llegada de la maquinaria, pero finalmente, y tras escuchar las alegaciones de la empresa, dio marcha atrás y retiró estas penalidades que sumaban varios cientos de miles de euros. Únicamente castigó a la empresa con 33.000 euros por la tardanza en la implantación del sistema de recogida puerta a puerta en la industria.

La realidad es que este contrato, el de mayor volumen económico de todos cuantos gestiona el Ayuntamiento, ha dado importantes dolores de cabeza tanto esta legislatura como la pasada. El pasado mandato los trabajadores estuvieron a punto de ir a la huelga por desacuerdos en la negociación del convenio y el PP, entonces en la oposición, fue muy crítico con la calidad del servicio.

Ya en el Gobierno, el PP planteó limpiezas de choque en los barrios para mejorar el servicio y la polémica ha venido dada, fundamentalmente, por los retrasos en la llegada de la maquinaria, por los problemas en la implantación del sistema puerta a puerta y por la contratación de una empresa que controla a Urbaser. Los sindicatos han denunciado que la compañía ha puesto decenas de sanciones a sus trabajadores.