El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha condenado al Ayuntamiento de Burgos a pagar 242.000 euros a la empresa Sacyr Social S.L. de «indemnización por daños y perjuicios producidos por la suspensión del contrato» de ayuda a domicilio durante varios periodos de la pandemia (entre 2020 y 2021).

Al igual que sucediera con las empresas que gestionan los centros cívicos y las escuelas infantiles, en el momento en el que irrumpió la pandemia, el contrato de ayuda a domicilio se encontraba ya caducado y lo que existía con el Ayuntamiento era la imposición de un acuerdo de  continuidad en la prestación del servicio (al considerarse esencial).Dicho de otra manera, el trabajo realizado se abonaba con reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Esta situación dejó desprotegidas a varias empresas que trabajaban con el Ayuntamiento en los tiempos de la Covid, ya que tuvieron que asumir diversos gastos, como los de los salarios de los trabajadores, sin poder presentar un ERE. En la Gerencia de Servicios Sociales reconocieron en todo momento que esos gastos no tenía que asumirlos la empresa, pero no encontraron la fórmula de abonarlos.

No le quedó otro remedio a Sacyr que acudir a los tribunales y ha sido ahora, casi cuatro años después, cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha reconocido el derecho a esta indemnización prácticamente cuatro años después.

Nadie ha salido ganando en toda esta historia. La empresa ha tenido que esperar cuatro años para cobrar, el Ayuntamiento tiene pagar más de 16.000 euros en intereses legales fruto del retraso en hacer frente a sus obligaciones y la justicia ha estado entretenida en un asunto que debería haberse solucionado en la vía administrativa.

No es menos cierto que estas situaciones se producen porque el Ayuntamiento se deja caducar contratos que luego tardan años en volver a licitarse.

En este caso concreto, el contrato de ayuda a domicilio se había formalizado el 1 de mayo de 2017 por un periodo de dos años más una posible prórroga por otra anualidad.

Sin embargo, la Gerencia de Servicios Sociales decidió no prorrogarlo en abril de 2019, en agosto de ese mismo año la Junta de Gobierno aprobó la continuidad del servicio y no fue hasta el 1 de marzo de 2021 cuando se formalizó el último contrato que ha estado en vigor.

La sentencia del juzgado, se ha estimado parcialmente, ya que Sacyr ha llegado a reclamar en este proceso 322.000 euros.