La declaración del Consejo General del Poder Judicial, las últimas decisiones tomadas desde la Audiencia Nacional, las prisas de la Guardia Civil, en funciones de policía judicial al servicio del juez que ha reclamado sus informes y se los ha puesto en su mesa con una rapidez inusitada, y el comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura, suponen un cúmulo de actuaciones en contra de la futura ley de amnistía para los investigados y condenados por el procés, en línea con las posiciones de los partidos conservadores, que pone en tela de juicio la independencia judicial que precisamente es uno de los santo y seña de estas organizaciones.
De la declaración emanada del órgano de gobierno de los jueces, convocado a instancia de los vocales designados por el Partido Popular, con ser grave que hayan debatido sobre una futura ley de la que no se conoce el texto, y que por el procedimiento parlamentario que se ha elegido para su tramitación no necesita su informe preceptivo pero no vinculante, lo es también la afirmación de que "la medida se adoptará en 'interés de España' para impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral", un juicio de valor arriesgado y de auténtica intencionalidad política a favor del partido que les nombró y que impide la renovación de los actuales vocales, que llevan cinco años con el mandato constitucional caducado. Al menos el presidente del CGPJ, Vicente Guitarte, del sector conservador, ha tenido la dignidad de votar en blanco con el argumento de que habría que conocer el texto de la ley antes de pronunciarse.
Nadie niega al PP su legitimidad para llevar a cabo la respuesta política que considere oportuna sobre la futura ley de amnistía, pero que haya activado todos los recursos del ámbito jurídico sobre los que tiene ascendencia –ya activará los mecanismos legales cuando corresponda- es una maniobra que puede ser contraproducente. Las prisas que se ha dado el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, -que hay quien considera que es el "juez de guardia" del PP, por las decisiones que ha adoptado en los asuntos en los que ha estado implicado el partido conservador -, al acusar de terrorismo por las actuaciones del Tsunami Democratic, a Carles Puigdemont -que es aforado ante el Supremo- y Marta Rovira, parece excesiva a tenor de las acciones que llevaron a cabo y que vienen referidas en el informe de la Guardia Civil presentado tres semanas antes de lo que estaba previsto coincidiendo con la fase final de las conversaciones entre el PSOE y Junts, en una demostración de la flexibilidad con la que se manejan los tiempos judiciales y del principio de oportunidad con la finalidad de entorpecer el acuerdo y dilatar su firma. También los jueces de lo penal de la Audiencia Nacional han mandado estos días a juicio a los miembros del CDR, estos sí, acusados de terrorismo.
Además, los jueces conservadores de la Asociación Profesional de la Magistratura tampoco han querido quedarse al margen de las advertencias sobre las consecuencias de la ley de amnistía para la supervivencia del Estado de derecho, en otra crítica preventiva poco comprensible entre quienes tienen que decidir sobre hechos probados. Demasiadas actuaciones coincidentes que no benefician la idea de independencia judicial.