El transporte público accesible es uno de los servicios que más valoran los ciudadanos, especialmente los que tienen problemas de movilidad. La flota de autobuses urbanos, compuesta por 68 vehículos, cuenta con rampas que facilitan el acceso a personas en silla de ruedas o con carritos de bebé. Sin embargo, estos elementos han registrado 1.043 averías en año y medio, según pone de manifiesto el Procurador del Común en un informe realizado de oficio para conocer la situación de los mecanismos de acceso a los vehículos públicos. 

Por ello, esta institución exige al Ayuntamiento elaborar un plan de acción en el que se establezcan actuaciones «específicas y eficaces» en materia de accesibilidad que incluyan sistemas de revisión, mantenimiento o renovación de la flota para garantizar de forma continua un funcionamiento «cada vez más eficiente y perfecto» de los mecanismos destinados al embarque de todas las personas con dificultades de acceso». Todo ello, añade, sin perjuicio de trabajar, a su vez, en la accesibilidad de los entornos de las paradas, garantizando que sus características sean las adecuadas para realizar el despliegue de las rampas de acceso de los autobuses, especialmente en el caso de las mecanizadas. 

Se da la circunstancia de que toda la flota de autobuses cuenta con rampa eléctrica y, además, 60 de los 68 disponen de otra manual que puede ser utilizada cuando las eléctricas producen algún fallo o quedan fuera de servicio. Sin embargo, se estropean en las subidas y las bajadas, lo que en algunas ocasiones impide el acceso al autobús para las personas con movilidad reducida. «Las 1.043 averías producidas desde el año 2022 hasta julio de 2023 se considera un número suficientemente importante como para tomar conciencia de la necesidad de adoptar medidas eficaces para evitar que persona alguna se vea condicionada en su desplazamiento», indica el Procurador del Común en su resolución. 

En este sentido, la institución encargada de la defensa de los ciudadanos ante las decisiones de las administraciones públicas, recuerda que hace falta que la accesibilidad sea «plena e integral», de forma que garantice a las personas con problemas de movilidad el transporte «en las mismas condiciones que el resto de los usuarios, no viéndose afectados por un fallo del material móvil o por la inseguridad que pueda generar un posible funcionamiento inadecuado, incluso por los perjuicios derivados de la necesidad de esperar a otro vehículo para poder llegar a su destino». 

El Servicio de Movilidad y Transporte Urbano (Smyt) lleva a cabo un control del funcionamiento de las rampas antes de la prestación del servicio y mantenimientos preventivos que se realizan cada 20.000 kilómetros en todos los vehículos de la flota. Pero el Procurador insta al Ayuntamiento a «seguir trabajando» para conseguir una «accesibilidad plena». «Para conseguir que el transporte público en autobús de Burgos sea plenamente accesible, cómodo y de calidad es necesario poner todos los medios al alcance posible para evitar cualquier barrera que pueda impedir, aunque sea solo en situaciones concretas, que todos los ciudadanos hagan uso de este medio en condiciones de igualdad, implantando soluciones efectivas para la eliminación de cualquier problema o incidencia», se indica. 

Finalmente, se advierte al Ayuntamiento capitalino que el plan en esta materia se diseñó para el periodo comprendido entre 2018 y 2023, de modo que ya está caducado. Además, se añade, se echa en falta en el mismo acciones relacionadas con la renovación progresiva de la flota. También se afea que en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) tampoco se implementaran este tipo de actuaciones. «Es momento de proceder a aprobar una nueva planificación para mejorar el transporte urbano».