La alcaldesa, Cristina Ayala, se pronunció ayer por primera vez sobre el escándalo generado tras la publicación por parte de este periódico de la 'apropiación' por parte de la empresa Prepay Technologies de más de 850.000 euros de la recaudación de las tarjetas de los autobuses urbanos. La regidora de la ciudad se mostró seria ante un asunto que reconoce que tiene especial gravedad, anunció que se ha encargado una «investigación interna» para conocer hasta el último detalle de lo sucedido, comunicó que el Ayuntamiento pondrá los hechos «en conocimiento de la Fiscalía» y preguntada por la petición de dimisión del concejal de Movilidad, José Antonio López, afirmó que «si hay un problema los responsables últimos somos nosotros». Sin acusar al edil, pero también sin defenderle y sin ratificarle, añadió después que «de momento lo que vamos a hacer es iniciar una investigación interna para saber qué es lo que ha pasado y en función de dónde pueda estar el fallo» se adoptarán decisiones.

Conscientes de que el Ayuntamiento podría no poder recuperar nunca esos más de 850.000 euros que se ha quedado Prepay, oficialmente en concurso de acreedores desde el 18 de septiembre, la alcaldesa quiso compartir responsabilidades con el PSOE al afirmar que «esto es un problema que arrastra a varios equipos de Gobierno». Aportó como detalle que en mayo de 2023, antes de finalizar la legislatura, la deuda de la empresa con el Ayuntamiento rondaba los 300.000 euros.

Este periódico pudo conocer ayer la evolución de la deuda de Prepay durante el año 2023 y la información facilitada por el equipo de Gobierno muestra que la empresa fue incrementando progresivamente su deuda a lo largo de todo el ejercicio.

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