El Consejo Consultivo de Castilla y León «está preparado» para asumir más competencias. «Sería beneficioso», aseguró ayer el presidente de esta institución propia, Agustín Sánchez de Vega, durante la presentación ayer de la Memoria del órgano correspondiente a 2023, año en el que se aprobaron 539 dictámenes, gran parte referidos a la responsabilidad patrimonial, una cifra que, a su juicio, revela la «confianza» del administraciones en este órgano. A estos, dijo, se suman la resolución de los 180 recursos por parte del Tribunal Administrativo del Tribunal de Recursos Contractuales, de los que el 63,89% fueron dirigidos frente a contratos de servicios y, más en concreto, todo los relativo a la adjudicación, informa Ical.

Una intervención en la que Sánchez de Vega señaló que el Consejo Consultivo puede asumir competencias que serían beneficiosas para el Estado democrático y se refirió expresamente a «traspasar a la función consultiva el umbral parlamentario», con la emisión de dictámenes sobre las proposiciones de ley. De esa manera, se refirió a la petición del Grupo Socialista a la Mesa de las Cortes para solicitar un dictamen sobre la proposición de ley de Concordia de Castilla y León, impulsada por PP y Vox, y que fue rechazado por los socios que tienen mayoría en el órgano rector de la Cámara.

En este sentido argumentó que, en estos casos, la garantía jurídica que supone la intervención de un órgano externo e independiente de la dinámica política de mayorías y minorías, se extiende a la vida parlamentaria, en sintonía con la que se sigue en los anteproyectos de ley de la Junta. También, aludió al «control pre-normativo» de los decretos-leyes como norma general y problemática más amplia y advirtió de que «su profusa utilización por los ejecutivos como instrumento de gobierno provoca la consolidación de una posible mutación constitucional y estatutaria».

En relación a las consultas, explicó que su origen se ha revertido respecto al año anterior, con el 54 por ciento de las administraciones locales; el 45 por ciento de la administración autonómica (de ellas, el 32 por ciento, 79 consultas, de la Consejería de Sanidad. Por provincias, Valladolid (con 119 dictámenes), León (con 88) y Salamanca (84) son las provincias de las que proceden más expedientes objeto de dictamen. Los expedientes de responsabilidad patrimonial (155) ocupan el primer lugar y se refieren a expedientes del ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación); 53 son del ámbito sanitario, y 47 de ellos están relacionados con infraestructuras (instalaciones y redes de abastecimiento y saneamiento).

Asimismo, 35 se refieren a los efectos generados por el "covid-19" (mayoritariamente, perjuicios en el ámbito de la hostelería). El resto corresponden a "actividades municipales", "infraestructuras" y otros, aludidos en la Memoria.

En cuanto al aspecto sustantivo de los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial de las administraciones derivada del funcionamiento de los servicios públicos, el Consejo les dedica en torno al 67 por ciento de su labor (362 casos). En estos expedientes están presentes situaciones dignas de protección jurídica, referidas a derechos sanitarios, educativos, de servicios sociales, de salud, relativos a menores, dependencia, familia, también de funcionarios, medioambientales, o en general relativos al funcionamiento de los servicios públicos, precisó.

Según el presidente del Consejo, la explicación de este alto porcentaje de asuntos es la baja cuantía que la ley establece en Castilla y León para acceder a este órgano a través de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial: 3.000 y 6.000 euros, si la consulta se plantea por la administración local o por la autonómica.

"Calan como lluvia fina al conjunto del ordenamiento, conformando una suerte de justicia indirecta pero próxima a los ciudadanos, ampliando las formas de protección jurídica clásicas", defendió el presidente del Consultivo sobre esos dictámenes.

Recursos contractuales

En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales en 2023, detalló que se dictaron 174 resoluciones que resolvieron 180 recursos, a los que se unen los 62 acuerdos sobre medidas cautelares, de suspensión o no suspensión del procedimiento de licitación.

Con carácter general, advirtió de dos hechos en los últimos años: licitaciones que no han recibido ninguna oferta; e incremento de casos de resolución de contratos debido a la situación económica, especialmente derivada del incremento de los precios.

Los contratos más recurridos se refieren a los de servicios (el 64 por ciento de los recursos presentados) y los de suministros (22 por ciento), que en su conjunto suman el 86 por ciento de los recursos.

Los ayuntamientos fueron los órganos de contratación que más recursos recibieron: 65 (el 36 por ciento). Contra el gobierno autonómico, el ámbito de gestión más recurrido fue el sanitario: la Gerencia Regional de Salud, como órgano de contratación, soportó 38 actos recurridos (21 por ciento).

De estos, el 25 por ciento de las resoluciones fueron estimatorias, total o parcialmente (45). El 47 por ciento (86) de los recursos fueron desestimados y el 22 por ciento (40) se inadmitieron. El resto (9-5%) fueron archivadas.

Como conclusión, señaló la suma de los valores estimados, con más de 1.580 millones de euros en litigio, en unas cifras de recursos anuales similares, lo que añadió que confirma la consolidación de dos de sus características esenciales: especialización e independencia de los poderes adjudicadores y de las administraciones.

Igualmente, destacó el esfuerzo del Tribunal por rebajar significativamente los plazos de resolución, desde la remisión completa del expediente, pasando de los 28 días del año anterior a los 20, de media, del pasado. Este dato, afirmó que ha de resaltarse en comparación con los más de 12 meses de resolución de los Jueces de lo contencioso y los 17 del Tribunal Superior, para resolver los litigios sobre contratación pública.

Por último, expresó el "orgullo" del Consejo por participar en el "estudio plural y recopilatorio" sobre lo que ha significado la historia de la "nueva" Castilla y León que se originó con el Estatuto de 1983. El resultado es la edición de un libro conmemorativo sobre estos 40 años de Comunidad.