Entre 2003 y 2008 se edificaron en Burgos más de 3.200 viviendas de protección oficial. Eran años de bonanza económica y, si se compara con la situación actual donde desde 2020 han sido 362 los inmuebles de esta categoría edificados en territorio burgalés, supone un importante contraste. A esto se le añaden las 90 que se encuentran todavía en construcción y las 56 que no han empezado todavía a edificarse. Sin embargo, el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León contiene 3.203 expedientes a la espera de obtener una casa en condiciones económicas favorables.

Estos expedientes corresponden a personas que, en su propio nombre a título individual o en representación de su unidad familiar aspiran a una vivienda protegida. Los 3.203 individuos registrados contrastan por tanto con los 508 inmuebles que o bien están ya edificados o bien están proyectados para su uso próximo, siendo la demanda más de seis veces mayor que la oferta.

Para poder optar a un inmueble de estas características es obligatorio estar inscrito en el Registro de Demandantes de la Junta, aunque luego son las promotoras quienes finalmente realizan los contratos con los compradores. Más allá de la inscripción también se requiere a los demandantes de otros dos requisitos básicos controlados por la Administración: no tener en propiedad otra vivienda en España y que la unidad de convivencia tenga unos ingresos que no superen el 6,5 del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que en este 2024 se sitúa en 7.200 euros anuales.

Según remarcan desde el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, desde el año 2012 las actuaciones de vivienda de incremento del Parque Público «se han realizado a través de conciertos con ayuntamientos o en líneas de colaboración con otras administraciones o subvenciones». 

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