Un reparto puntual y extraordinario de unos 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias a otras comunidades en un plazo de tres meses y mediante un decreto ley. Se trata de la última propuesta de las islas para aliviar sus recursos saturados, una fórmula a la que el Gobierno parece ahora abierto a sumarse.

El presidente canario, Fernando Clavijo, envió el pasado fin de semana un calendario de actuaciones en este sentido al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, según el cual antes de que acabe el mes ambos tendrán un texto consensuado pese a que el Ejecutivo central aún plantea algunas dudas.

La iniciativa fue anunciada el pasado mes de diciembre ante el fracaso de las negociaciones con el PP y Junts para reformar la ley de extranjería con el fin de crear un mecanismo permanente de derivación de los niños y jóvenes que llegan a zonas ya saturadas, como es el caso de Canarias o Ceuta. Esta propuesta busca una solución rápida que alivie a las islas -tutelan actualmente a 5.812 menas- y permitiría, en tres meses, trasladar a unos 4.000 desde el archipiélago y unos 400 de la ciudad autónoma, con el correspondiente traspaso de tutela entre comunidades.

Los criterios para el traslado son cinco: población, media de menores acogidos por cada 100.000 habitantes en los últimos seis meses, PIB per cápita, tasa de desempleo y número de jóvenes recibidos en los últimos cinco años.

No ha trascendido a qué regiones irían a parar en mayor medida, pero un borrador que realizó el Gobierno durante las negociaciones para reformar la ley de extranjería indicaba que, atendiendo solo a la población, Madrid, Andalucía y Valencia serían las que más esfuerzos tendrían que hacer mientras que Cataluña, País Vasco y Navarra no deberían hacer más acogidas.

Desde que Canarias remitió al Gobierno su propuesta, los servicios jurídicos del Ejecutivo la han estudiado y planteado algunas dudas, como una posible invasión de competencias de las comunidades y cuál sería la fórmula legislativa adecuada. Y sobre el texto resultante, habrá que buscar, de nuevo, los apoyos políticos para refrendarlo en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, Clavijo llevó la propuesta a la Conferencia de Presidentes de diciembre, que acabó sin acuerdos concretos en este sentido. También el presidente canario ha asegurado desde el principio que Junts apoyaría el plan a diferencia de la ley de extranjería, porque en este segundo caso están en juego las negociaciones sobre las competencias de inmigración para Cataluña. Sin embargo, la formación independentista no se ha pronunciado aún acerca de si facilitaría con sus votos que esta iniciativa saliera adelante en el Congreso.

«Asumir responsabilidades»

Pero el apoyo que más ansía Clavijo es el del PP, cuyo portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, señaló hace unos días que opinará sobre este posible acuerdo cuando esté «plasmado en el papel», aunque dejó claro que están en contra de «cualquier reparto» no consensuado.

Sobre este asunto se refirió también ayer el dirigente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, quien instó al Gobierno central a «hacerse cargo de la tutela directa de los menores no acompañados porque las autonomías ya tienen sobresaturados todos sus recursos y no pueden atender en condiciones de dignidad situaciones tan críticas».

Para el líder de la oposición, la responsabilidad de Moncloa «es estructural» y debe ejercer su «competencia». Así, reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que deje de «eludir la responsabilidad como está haciendo».