A pesar de que España pueda presumir de contar con algunas de las generaciones más preparadas en su historia, las empresas de formación no pueden alardear de su situación. Desde hace años, la competencia a la que deben hacer frente ha crecido hasta tal punto que a algunos les resulta imposible continuar con su actividad y se ven obligados a echar el cierre. Además no pueden plantearse la opción de contratar nuevos empleados aunque consideran que eso debería ser lo lógico en un momento económico en el que acceder al mercado laboral es imposible sin una buena formación.

«Estamos asfixiados. Somos el sector más castigado y con mayor competencia desleal», afirma Lucía Rodríguez, presidenta de la Asociación Burgalesa de Centros Colaboradores (ABCC), en relación a los particulares que se establecen por cuenta propia de forma ilegal para impartir clases a domicilio o en sus propias casas sin darse de alta como autónomos.

Rodríguez asegura que ha recibido muchas quejas de compañeros de profesión al respecto. También ellos, como asociación, han tratado de formalizar estas protestas pero «al final todo queda en aguas de borrajas», comenta, confirmando el «desencanto generalizado» que existe en el sector porque, cree, «es muy difícil pillarlos».

Además, apunta Mabel Lorenzo, presidenta de la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP) en Burgos, «lo único que se logró con esas iniciativas fueron inspecciones de trabajo a las propias academias», se lamenta, pues considera que «Trabajo debería esforzarse un poco más y no ir a lo fácil. Se limitan a controlar los establecimientos legales, donde casi nunca hay irregularidades, en lugar de vigilar la competencia desleal».

Lorenzo también apuesta por esta determinación. «Hay anuncios por todas partes y a la vista de todos: periódicos gratuitos, tablones de anuncios... ¡Hasta en cualquier quiosco o panadería!», asegura Lorenzo.

Precisamente esta forma de publicitarse ha sido la pesquisa que han seguido las academias de León que esta misma semana han aunado fuerzas para demandar ante la subdelegación de Hacienda (tras haberlo hecho en la Delegación Territorial de Trabajo, la Oficina Municipal del Consumidor del Ayuntamiento y ante los partidos políticos) a más de 100 particulares que dan clases de manera ilegal. Es decir, sin darse de alta en la Seguridad Social.

Las academias leonesas han elaborado una lista con un centenar de teléfonos que ofertaban clases en internet y en medios más tradicionales como las farolas de la ciudad, a los que consideran culpables de su pérdida de clientes, despidos de trabajadores y de tirar los precios.

Sin embargo, las academias burgalesas advierten que no es tan sencillo demandar. José Luis Cosío, director de la Academia Evolución, reconoce que ha puesto varias reclamaciones pero ninguna ha llegado a buen puerto. «Me dicen que hay que denunciar, pero tengo que demostrarlo. ¿Y cómo lo hago? Es muy complicado porque tendría que contar con alguien que habiendo contratado esos servicios, estuviese dispuesto a declarar», se lamenta, y considera injusto que las academias tengan que hacer frente a tantos gastos mientras «estos particulares se niegan a pagar las cuotas mínimas de autónomos de unos 300 euros».

La presidenta de CECAP asegura que se trata de «una verdadera economía sumergida. Estamos hablando de más de 100.000 euros al año que nos están quitando». Además cree que esta situación les está obligando a vivir de las subvenciones. «Es lo peor que puede pasar. No es bueno para nosotros ni para nadie y ahora estamos siempre pendientes del BOE».

 

más competidores. La mala racha de los centros de formación no es nueva, pues aseguran que llevan muchos años padeciendo el intrusismo laboral y la situación ha empeorado con la crisis.

«Los últimos años están siendo terribles porque todo el mundo da clases de todo y esto nos está haciendo mucho daño», asegura la presidenta de ABCC, quien también apunta que internet les ha causado pérdidas. Sin embargo considera que hay algo en lo que siguen teniendo ventaja frente a la red: «Garantía, profesionalidad, credibilidad y confianza», afirma.

Los cursos online no son su único problema, pues las academias han visto proliferar el número de órganos y entidades que les hacen perder clientes como «las AMPAS, los institutos que dan clases extraescolares de apoyo, los sindicatos y todo tipo de asociaciones que reciben una subvención», enumera.

La responsable de CECAP incluye dentro de este grupo a la Universidad Popular. «Me parece estupendo cómo ha crecido, pero han pasado de dar clases de historia del arte a gente mayor a ofrecer de todo y para todas la edades a unos precios con los que no podemos competir».

Por otro lado, el conjunto asociacionista de las academias sostiene que existen otras empresas que también se dedican a ellos aunque no sea su principal actividad y desean que esta tendencia cese. En este sentido, Rodríguez reivindica que son los centros de formación quienes deben encargarse. «No puede hacerlo cualquiera», dice, mientras Lorenzo propone que se regularice el sector y que se pongan sanciones y multas importantes, no inferiores a 3.000 euros.