El Procurador del Común (el Defensor del Pueblo de Castilla y León) ha emitido una resolución -a instancias de una paciente de Burgos- en la que pide a la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) que «tome las medidas necesarias para diagnosticar y tratar la enfermedad de Lyme», que es una infección causada por la bacteria Borrelia burgdorferi que se transmite mediante la picadura de una garrapata contaminada. Y en esta propuesta incluye «formación de los profesionales sanitarios mediante la realización de cursos específicos», que se dé «visibilidad» a la patología, que puede provocar problemas muy graves, y que dado que es una enfermedad en aumento, añade que se hagan «campañas de concienciación» para la población.
Esta infección se trata con antibióticos, pero debe hacerse en fases iniciales para evitar que se disemine y que acabe afectando a otros órganos o debilitando al sistema inmune. De no ser así, puede acabar siendo muy invalidante para el afectado, que presenta síntomas similares a los que provocan otras patologías y, por tanto, muchas veces se le deriva a Psiquiatría sin necesidad. Y esto es lo que la resolución del Procurador del Común pretende evitar, porque al considerar que «es una somatización y que se trata de una enfermedad psiquiátrica, se impide que el paciente mejore y que se le pueda aplicar el tratamiento correcto».
De ahí la insistencia en la necesidad de una formación específica para los profesionales, a pesar de que el Procurador destaca que la Consejería de Sanidad argumenta que todos los centros públicos siguen los protocolos y guías clínicas estandarizadas en el mundo para atender a estos pacientes.
Tendencia alcista. A estas circunstancias hay que añadir la creciente proliferación de garrapatas en España, lo cual también implica riesgo de aumento de casos de la enfermedad de Lyme., De hecho, en Epidemiología del servicio territorial de Sanidad corroboran que la incidencia de diagnósticos en Burgos es alcista: en 2023 se confirmaron seis casos.
Esta cifra, que todavía no es muy elevada, sí triplica a los positivos del 2022 y si se compara con los casos detectados en los últimos cinco años se concluye que la tendencia es alcista. Algo que ante lo que el Procurador cree que se debe actuar.