Uno de cada cuatro litros de carburante, principalmente de diésel, que se comercializan en España son fraudulentos, según concluyen las investigaciones de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). No solo no se abonan los impuestos correspondientes de su venta, generando una competencia desleal con las estaciones que sí lo hacen; sino que la procedencia y calidad de estos combustibles no cumplen con los estándares mínimos exigidos. Su precio es mucho más bajo, su venta está creciendo, pero también a costa de más daños y averías en los vehículos.

Las consecuencias de la mala calidad de los carburantes son históricamente conocidas por los talleres burgaleses, aunque, con la diversificación de la oferta de estaciones de servicio y la irrupción de los comercializadores low cost, las visitas a los talleres mecánicos originadas por los carburantes están aumentando.

Desde Adeabur, la patronal de los talleres de automóviles, se puntualiza que el fraude del diésel es de ámbito nacional, por lo que un cliente que haya repostado en cualquier provincia española puede verse afectado por una avería provocada por la mala calidad de los combustibles o el mal estado de los equipos de las estaciones de servicio que entran en este juego.

«Hemos detectado un incremento de los problemas en los filtros y en los sistemas de alimentación y combustión, afectados por elementos extraños e impurezas que no se encontrarían en un carburante de calidad, que siempre tiene un precio más alto», señala el secretario general de Adeabur.

Advierte que un combustible con un precio anormalmente por debajo de la media del mercado (hasta 45 céntimos menos el litro) puede que no contenga esos aditivos que generan una mejor combustión, menos contaminación y, a la larga, más duración en los motores.

«Hay muchos elementos relacionados con la inyección y la combustión interna que se deterioran si el consumo de combustibles de baja calidad es habitual». Es más, avisa, el daño también se produce en origen, pues los depósitos y los sistemas de suministro de las propias gasolineras se deterioran con este tipo de productos de baja calidad, extendiendo el problema a sus clientes.

El fraude afecta a las arcas públicas y también, indirectamente, a la red de talleres. Es un lado oscuro en el sector que no desaparece y, es más, se reproduce en tiempos en los que los precios empiezan a subir.

De hecho, los precios de los carburantes han roto esta semana con la tendencia a la baja que han mantenido durante tres meses consecutivos. No obstante, aún están lejos de los máximos históricos registrados en junio de 2022, cuando se dispararon tras la invasión rusa de Ucrania. El coste medio de la gasolina es ahora casi un 23% inferior y el del diésel un 27,2% que al inicio de esta guerra.

El fraude detectado por la ONIF baraja un impacto en las arcas públicas de 1.900 millones de euros anuales por el impago del impuesto del IVA. La investigación apunta a combustibles originarios de Siria, Rusia e Irán, países sobre los que pesan sanciones económicas. Llegan a España a través de empresas fantasma que, como su nombre indica, venden irregularmente y desaparecen sin dejar rastro fiscal. 
«Lógicamente, una buena parte del combustible que se comercializa en nuestro país está en manos de compañías petroleras de bandera, como Repsol, Cepsa, BP o Galp, que refinan sus combustibles con unos estándares de calidad muy altos. Otra cosa son esas marcas blancas que están proliferando en los circuitos secundarios y cuya calidad puede ser más discutible». 

Gasóleo agrícola. En Burgos, hasta la fecha, no hay noticia de la 'mafia del diésel'. El fraude más habitual y también más viejo es el uso de gasóleo agrícola bonificado en vehículos de uso cotidiano no autorizados. Al igual que en el caso de la 'mafia' estamos ante un fraude fiscal que, en este caso, es detectado por la coloración rojiza característica de este combustible solo autorizado para uso de los vehículos agrícolas.

Las infracciones por el uso ilegal del gasóleo tipo B bonificado, habituales en entornos rurales, varían entre el duplo y el cuádruple del valor de la cantidad defraudada.