El Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y León (COOCyL) define su actividad como aquella que realizan los profesionales sanitarios capacitados para «evaluar y, si fuese necesario, corregir algún problema del sistema visual» gracias a su formación de grado universitario «en la fisiología, refracción, patología, anatomía ocular y fundamentos físicos para la compensación de cualquier problema relacionado con la visión». Asimismo, pueden reconocer y tratar «aquellas condiciones que requieran entrenamiento visual, procedimientos preventivos para la compensación de anomalías visuales y detectar las condiciones patológicas oculares y sistémicas reflejadas en los ojos y, siempre que sea necesario, remitir al paciente al oftalmólogo o profesional sanitario apropiado ante una sospecha diagnóstica». En la provincia de Burgos existen 123 colegiados que ejercen esta actividad en 59 establecimientos de la capital, Aranda, Miranda, Roa, Salas, Briviesca, Villarcayo y Medina de Pomar.
Desde hace un par de meses, este colectivo ha iniciado una campaña divulgativa de las razones por las que creen que son imprescindibles en el sistema público de salud. El vocal del COOCyL en Burgos, Alejo Ruiz, explicó que su incorporación sería «conveniente y adecuada» porque son personal sanitario desde 2004: «Fuimos la segunda comunidad en obtener tal reconocimiento y, sin embargo, nuestra inclusión en la sanidad pública aún no se ha dado, como ha ocurrido en Aragón, Baleares, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Extremadura, País Vasco, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra, donde actualmente trabajan 400 compañeros tanto en hospitales como en centros de salud». Una de las principales ventajas que, a su juicio, supondría esta inclusión es la disminución de la presión asistencial en el servicio de Oftalmología del HUBU.
A fecha 30 de junio, este área hospitalaria tenía 6.606 personas en lista de espera de consultas externas denominada estructural (la que es achacable a la propia organización y a los recursos) con un tiempo medio de espera de 88 días, unas cifras que podrían descender significativamente si se trabajara conjuntamente con los ópticos, como señala Alejo Ruiz: «Se aumentaría la capacidad diagnóstica y quirúrgica de este servicio gracias a la descarga de la presión asistencial y crecería la rapidez en el diagnóstico y tratamiento, todo ello con el objetivo final de contribuir a una mejora de la asistencia en la salud visual de los pacientes».
Ruiz revela que la tasa de derivación a Oftalmología está mayoritariamente relacionada con problemas de agudeza visual (un 76% en la población pediátrica y un 30% en adultos) y frente a ella, los ópticos-optometristas podrían actuar «con medios refractivos, ópticos, contactológicos o a través de terapia visual ortóptica que actualmente no se oferta en el servicio público de salud de Castilla y León, al contrario que en otras comunidades autónomas, y de esta manera solo llegarían al servicio de Oftalmología aquellos pacientes que necesitasen diagnóstico de distintas patologías urgentes o crónicas, terapias farmacológicas para las mismas o incluso cirugía, y se descargarían de mucho trabajo».
El vocal de Burgos pone un ejemplo: «Tras una cirugía de cataratas y al dar el alta al paciente es preciso hacer una nueva refracción. Esta intervención es perfectamente asumible por los ópticos-optometristas y hacerla supondría un tiempo de descarga para Oftalomología».
Diferencias. ¿Qué diferencia a ambos profesionales? Los oftalmólogos son médicos y los responsables del diagnóstico y tratamiento de todas las cuestiones relacionadas con patologías oculares que requieren abordaje farmacológico o quirúrgico. Los ópticos, por su parte, se ocupan de problemas que requieren ser tratados con soluciones ópticas, contactológicas o a través de entrenamiento visual ortóptico, algo que también pueden hacer los oftalmólogos pero que, en general, lo realizan los primeros debido, como indica Alejo Ruiz, a que en su formación académica se incluyen conocimientos de fisiología, refracción, patología, anatomía ocular o fundamentos físicos relacionados con la salud visual, entre otros.
En este sentido, añade que Castilla y León cuenta con la ventaja que supone tener estudios de Grado de Óptica y Optometría desde hace más de 25 años en la Universidad de Valladolid, «con lo que la demanda de profesionales para cubrir las plazas que se ofertasen estaría plenamente cubierta».
En febrero del año pasado, estos profesionales enviaron a la Consejería de Sanidad el informe 'Ampliación de la cartera de servicios de salud visual en Castilla y León. Una aproximación de evaluación económica' redactado por el Consejo General de Ópticos Optometristas y la Sociedad Española de Optometría, que calcularon que serían necesarias 15 unidades de Optometría Pediátrica y 16 de adultos para poder desahogar a los servicios de Oftalmología. El coste de las mismas sería de 59.039 euros cada una y su puesta en marcha supondría un ahorro a las arcas públicas, según los autores del informe.
Estos nuevos recursos podrían estar vinculados a atención especializada o a la primaria. El vocal del COOCyL en Burgos, Alejo Ruiz, cree que serían más útiles en primaria derivando a los pacientes, si fuera necesario, a Oftalmología o a otros servicios si sus déficits visuales estuvieran vinculados a patologías de otras especialidades.
Si, finalmente, la Consejería de Sanidad acepta la propuesta de los ópticos, sería la segunda vez que estos profesionales colaboran con la sanidad pública. En 2010 se firmó un convenio entre la Junta y las ópticas de la comunidad autónoma para revisar la capacidad visual de los pacientes de Sacyl.
Este acuerdo autorizaba a quienes lo suscribieran a realizar la graduación de la vista y pruebas complementarias como la evaluación de la reacción pupilar, de la habilidad de la fusión plana a través del test de Worth (para comprobar si la visión binocular es la adecuada), la determinación de la integridad del campo visual correspondiente a la región macular mediante el test de la Rejilla de Amsler (para evaluar posibles procesos degenerativos de la retina) o la medición de la presión intraocular mediante tonometría de no contacto corneal. A la conclusión del mismo, que incluía también labores de prevención, no se renovó.