Los días previos a la entrada en vigor de una nueva ley que pueda cambiar cuestiones procesales suelen ser como una hora punta en la autopista en una jornada de operación salida. Y si la norma que está a punto de oficializarse modifica notablemente los trámites de presentación, el atasco está prácticamente asegurado. Por eso esta última semana ha sido frenética en el edificio de Reyes Católicos. A partir de hoy se pone en marcha la llamada Ley de Eficiencia de la Administración de Justicia.

Un texto que, entre otras cosas, obliga a los demandantes a intentar alcanzar acuerdos extrajudiciales o acudir a mediación con el objetivo de descongestionar los tribunales civiles. La incertidumbre que se avecina para los próximos meses obligó a los despachos de abogados a sacar todos los asuntos posibles para evitar el riesgo de una inadmisión. 

La entrada en vigor de este texto normativo supone un cambio sustancial a la hora de presentar una demanda civil o mercantil. De esta manera, los ciudadanos o empresas están obligados a acudir a los medios de resolución de controversias (mediación, arbitraje o negociación directa, entre otros) antes de presentar una demanda en los juzgados. Si no lo hicieran, se exponen en primer lugar a que los jueces inadmitan sus asuntos o incluso a una sanción. 

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