El Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna tiene intención de entrar antes de que acabe el año en los bloque de las 11 viviendas que tienen que ser derribadas por orden judicial en la pedanía de Villaverde Peñahorada. Así lo manifestaba el alcalde, Raúl Martín Bellostas, que afirma que la Corporación está en condición es de proceder al derribo, al tener la resolución judicial, haber dado publicidad al asunto por los medios habituales, incluso, después de que en el presupuesto municipal aprobado en octubre pasado, se contemplaba una partida en torno a los 100.000 euros para afrontar esa resolución y continuar pagando la deuda contraída por el Ayuntamiento, en concepto de indemnización, por un importe de 1,2 millones, para hacer frente a la sentencia judicial, firme desde el año 2009.
Martín Bellostas insiste en que la intención es entrar en las casas antes de acabar el año, al tener presupuestado este gasto en el ejercicio actual y la orden judicial, aunque añadió que lo que desde la Corporación no se quieren es cometer ningún error administrativo que pueda dar paso a la empresa promotora a recurrir el derribo y que éste vuelva a paralizarse, como ya sucedió el pasado año.
Por ese motivo, el regidor de la Merindad explica que el siguiente paso será remitir un escrito a la empresa para comunicar el día y la hora en la que se llevará a cabo la entrada a las viviendas para hacer un nuevo inventario y las condiciones en las que se encuentra instalaciones y servicios y proceder a su demolición. Martín Bellostas recuerda que ya el año pasado, la empresa contratada para el derribo acudió para cumplir la sentencia y no pudo llevarla a cabo al no disponer de las llaves para poder hacer en aquel momento el inventario pertinente. Entonces, desde el Ayuntamiento se volvió a remitir un oficio al Juzgado para que esta instancia explicase cómo debía proceder el Ayuntamiento para hacer efectivo el derribo según la sentencia.
Desde hace meses, el Ayuntamiento está en disposición de todos los requisitos formales y espera poner punto final, antes de acabar al año en curso, a este conflicto que se remonta al año 2005 cuando se solicita la licencia para construir dos bloques de 8 y 3 viviendas, respectivamente.
La modificación posterior de las normas subsidiarias del municipio en el transcurso de la obra dejó sin amparo este tipo de construcciones avaladas por la legislación urbanística anterior. La denuncia de una vecinal llevó el asunto a los tribunales y la sentencia de derribo del TSJes firme desde el año 2009.