Un simple paseo por el centro histórico, aunque también por otras zonas de la ciudad, permite comprobar cómo una maraña de cables para dar servicios de telefonía o de electricidad desluce las fachadas de las viviendas, algunas de ellas recién pintadas. Poner coto a esta situación se ha convertido en todo un reto para el Ayuntamiento desde hace dos décadas cuando las comunidades, y también los negocios, empezaron a demandar internet a más velocidad. Nadie entendía que después de una inversión de más de 18 millones, en el Área de Rehabilitación de la parte alta (ARCH) de los que 10,32 se destinaron a la rehabilitación de 403 viviendas y otros 82.000 euros en estudios para la gestión y supresión del cableado aéreo, se pudieran seguir desplegando cables por las fachadas. 

De hecho, desde el Ayuntamiento se ordenó en 2014 la paralización de instalación despliegue de fibra óptica, dado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) prevé «expresamente» (artículos 154,174 y 199) el grapado exterior sobre las fachadas o elementos ornamentales de cables u otros elementos y obliga a instalar un circuito cerrado interior para la conexión entre el portal y cada una de las viviendas. La norma establece que deben ir por canalizaciones ocultas tras los aislamientos exteriores o dentro del edificio. 

Tras innumerables reuniones con las operadoras y años de desencuentros el equipo de Gobierno anterior llegó a un acuerdo con Telefónica en agosto de 2021 para flexibilizar las exigencias que permitían el despliegue respetando las fachadas y cableando por el interior de los edificios para llevar internet de alta capacidad al centro histórico (también a otras zonas sensibles como Las Huelgas).

A pesar del empeño de la concejala socialista Dolores Ovejero no se pudo culminar el plan al cien por cien por los problemas de falta de autorización encontrados en algunas comunidades de propietarios.

La compañía superó las 250 actuaciones y llegó a 11.000 unidades inmobiliarias en cobertura (el objetivo era llegar a 18.000. Por el contrario, otras operadoras desoyeron las directrices municipales, y lo siguen haciendo, y se han puesto sanciones por parte del área de Licencias.

Lo más sangrante es que ha afectado a comunidades que acaban de restaurar sus fachadas, como ocurrió en la plaza Dos de Mayo y en otras calles del centro. «Exigíamos a las empresas que presentara un proyecto que fuera aprobado por el Ayuntamiento. La única que lo hacía y se encontró con problemas con las comunidades fue Telefónica. La norma es la norma y debe exigirse. Hay que seguir negociando con el resto de las operadoras para que cumplan con el PGOU», recordó Ovejero. 

Desde la Asociación Casco Histórico confían en que con la remodelación de calles como Subida San Miguel se pueda aprovechar para soterrar la fibra óptica.