La prórroga aprobada el pasado mes de noviembre por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para implantar la Zona de Bajas Emisiones ofrece al Ayuntamiento un margen de maniobra clave para desarrollar su concepto del proyecto conocido como Burgos Central. Y uno de los puntos más importantes del proceso administrativo será concretar los detalles del régimen sancionador, cuya entrada en vigor se dilatará en el tiempo incluso una vez aplicado el definitivo perímetro protegido.
El equipo de Gobierno municipal empieza ahora desde cero toda la tramitación legal, pero con unas líneas maestras muy definidas. Entre los objetivos marcados está minimizar el impacto de las multas en el futuro, algo que ya planteaba anterior equipo de Gobierno durante los tres primeros años desde la puesta en marcha de la normativa. Entonces, la Zona de Bajas Emisiones original solo hubiera afectado durante ese periodo a la denominada Zona Cero.
Las cosas han cambiado tras el cambio de ciclo político.Superados unos meses convulsos y con la inyección económica procedente de Europa por fin asegurada, el Ejecutivo actual coge aire y dispone de todo un año para definir y aprobar la ordenanza y el proyecto. Será a partir del aún lejano 31 de diciembre de 2024 cuando Burgos Central sea una realidad, pero este paso obligatorio para la administración local no implicará la tramitación inmediata de las multas.
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