Los ayuntamientos de Castilla y León ven con mejores ojos que la Junta la última propuesta de Reforma Local presentada por el Gobierno, aunque consideran que todavía hay aspectos mejorables, que esperan corregir en la tramitación parlamentaria del texto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros. El presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Miguel Ángel García Nieto, ve en el coste de los servicios y en los plazos para que las entidades locales menores presenten sus cuentas, los aspectos más oscuros de la nueva normativa.
Así, manifestó su voluntad de que en los próximos meses se determine la fórmula que «delimite y aclare» cómo establecer ese coste de los servicios, una vez abandonada la intención de marcar un modelo estándar. Además, García Nieto confió en que durante la tramitación parlamentaria de la ley se gane en «flexibilidad» para dar respuesta al territorio castellano y leonés y al gran número de pequeños municipios que lo conforman para «que salgan mejor parados que otros territorios que no tienen este problema». En tal sentido, reconoció que entre los aspectos que menos convencen a la FRMP se encuentran las medidas de control que obligarán a los pueblos más pequeños y a las entidades locales menores a realizar un «mayor esfuerzo « por presentar las cuentas a tiempo.
Asimismo, el presidente de la FRMP confió en que los municipios castellanos y leoneses respondan a la invitación de asociarse con los incentivos que se prevén. «Espero que la respuesta de los ayuntamientos sea unirse para ser más fuertes», manifestó García Nieto, que recordó que el fin último de estas medidas es prestar mejores servicios a los ciudadanos, independientemente de dónde vivan.
También reconoció que la Reforma Local es un «paso adelante» de los trabajos que comenzaron hace tres años en respuesta a una necesidad «obvia» del país. Por último, valoró que el último borrador, el décimo, ha introducido cambios sustanciales respecto al primero e incluso al noveno. Entre los cambios que más valora la FRMP está la «financiación y aclaración» de las competencias propias e impropias de las diferentes administraciones.
Respecto a esta financiación, el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, estimó en unos cinco o seis millones de euros anuales el dinero que podría ahorrarse el ayuntamiento con la puesta en marcha de la nueva Ley de Administración Local, al definir las competencias de los consistorios y liberar a ayuntamientos como el de Burgos de competencias como las educativas. Sólo en educación, serían tres millones cada año.
Otra de las reacciones a la reforma llegó de Zamora. Su alcaldesa, Rosa Valdeón,destacó entre los aspectos positivos «la clarificación de las competencias, conocer el coste de los servicios, garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan, tengan la posibilidad de recibir servicios públicos de calidad, pero también creo que tiene que tener una serie de mejoras para adaptarse a comunidades autónomas como Castilla y León», afirmó.
En cuanto a la prestación de servicios sociales, Valdeón aseguró que las competencias en esta materia «nunca se han puesto en duda: la Junta ordena y planifica, pero ejecutar, llevar el servicio directamente a los ciudadanos, siempre ha sido tarea de los ayuntamientos». Asimismo, reclamó la continuidad de estas competencias: «Nosotros, lo único que queremos en este caso es seguir haciéndolo y hacerlo con una financiación estable. Queremos que se clarifique qué le va a llegar a la Comunidad autónoma y qué nos va a dar», dijo.