Ana Belén Jiménez tenía 44 años cuando fue asesinada por Agustín Herrero. Trabajaba en un colegio de Rivabellosa acompañando a los menores en la ruta escolar del autobús y era una persona muy querida en Turiso. En la pequeña localidad alavesa en la que residía algunos vecinos sabían que la pareja se estaba separando, pero nadie esperaba un desenlace tan macabro. 

Tres años después de que su cuerpo apareciera en un coche aparcado en Miranda, por fin hay fecha para el juicio del caso de violencia machista más grave ocurrido en la ciudad desde la desaparición de Marisa Villaquirán. Será a finales de noviembre. 

La Fiscalía pide 25 años de cárcel para Herrero al entender que hubo alevosía y ensañamiento, porque la reconstrucción de los hechos pone en evidencia que lo tenía planeado y que durante el ataque propinó innumerables golpes en la cabeza a la víctima cuando ya estaba en el suelo sin posibilidad de defensa. Aunque el marido confesó ser el autor del crimen pocas horas después de ser detenido, la pena final dependerá de los agravantes y atenuantes que estime el jurado.

En este sentido la defensa, que durante la fase de instrucción ha impugnado alguna de las pruebas, tratará de rebajar la condena alegando el reconocimiento de los hechos, arrepentimiento y la reparación del daño. 

Sin embargo, para  la asociación Clara Campoamor, que se persona en la causa como acusación popular al margen de la acusación particular que corresponde a la familia de la víctima, que el asesino haya renunciado a su parte de la herencia y a los bienes gananciales en favor de los hijos no es una muestra de arrepentimiento, sino de que el crimen se cometió en un contexto de violencia de género. 

«Continúa ejerciendo esa violencia colocando a los jóvenes en una situación extremadamente complicada desde el punto de vista emocional», aseguran los abogados de la asociación, que culpan a las instituciones de  «no haber sabido aislar a los hijos del padre» ya que le han visitado en la cárcel, «permitiendo que siga  el ciclo de violencia psicológica».  

El colectivo ha insistido siempre en que el asesinato fue premeditado y que se produjo en un contexto de maltrato en el ámbito familiar. En el relato de la Fiscalía se menciona que Herrero no era capaz de superar que Ana Belén le hubiera pedido el divorcio y que controlaba constantemente sus movimientos, su teléfono móvil e incluso pedía a los hijos que le informaran dónde iba su madre. 

Por eso desde Clara Campoamor se incidió desde un primer momento en que era necesario aplicar también a los hijos (de 15 y 18 años en aquel momento) la consideración víctimas de violencia de género, para que se retirara la patria potestad al asesino y se les brindara una adecuada cobertura social. «Las instituciones no les han protegido adecuadamente y ahora se encuentran con que han perdido a su madre y no quieren perder a su padre. Es una situación compleja, de la que lógicamente ellos no tienen ninguna culpa porque los únicos culpables son el asesino y las instituciones que han permitido que se mantenga el ciclo de la violencia». 

Otro factor que puede agravar la situación procesal de Herrero son las agresiones perpetradas en los días previos en Miranda por un supuesto perturbado al que se bautizó como ‘el loco del martillo’. Los investigadores creen que hay indicios más que suficientes para determinar que las mismas fueron cometidas por él, en un intento de desviar la atención para que cuando apareciera el cuerpo de Ana Belén nadie sospechara. Sería una prueba más de que el asesinato estaba totalmente planeado.