La ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones avanza en su tramitación y desglosa los detalles de una normativa que será 'rentable' para las arcas municipales con la aplicación de un régimen sancionador que contempla 800.000 euros de ingresos anuales en multas.
Para ello habrá que esperar hasta el año 2026 tras la petición de Vox de retrasar 18 meses la entrada en vigor del llamado 'Burgos Central', pero el proyecto del equipo de Gobierno tiene definidos los hitos a cumplir hasta el año 2030.
Delimitado el perímetro protegido formado por 98 calles y confirmada la futura instalación de 20 puntos de control, el Ayuntamiento hace números y la mencionada prórroga autoimpuesta solo retrasará las inevitables multas.
Las infracciones dentro de la Zona de Bajas Emisiones relacionadas con los supuestos en los que no se respeten las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento se considerarán como falta grave y se sancionarán con 200 euros de multa -con la posibilidad de reducir este importe a la mitad-.
El Ayuntamiento se remitirá al apartado z.3 del artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, como ya hiciera en su momento el anterior equipo de Gobierno en su ordenanza reducida a cenizas en el Pleno del 20 de octubre de 2023.
La nueva apuesta de mínimos ofrece una proyección de futuro que en poco se parece a la diseñada en su momento por el PSOE y Ciudadanos como socio de Gobierno. La reducción hasta el 30% del perímetro original conllevará también una drástica reducción de las previsiones de ingresos por multas, aunque las sanciones dejarán de todas formas un buen pellizco en las arcas públicas.
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